Por Carlos Alberto Estefan Upegui

Exgobernador del Tolima

Enriquecerse a costa de no reconocer sus obligaciones con sus trabajadores y además de ello oponerse a una reforma laboral que lucha por restablecer sus beneficios, cercenados por el mismo gobierno en el 2005, no es algo que un gremio debiera ufanarse en proclamar.

Por el contrario, su deber social está en hacer que sus afiliados generen empleo de manera responsable y digna.

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Este país se acostumbró desafortunadamente a las injusticias, a hacerle trampa a la ley o a hacer uso de cualquier maroma que les permita servirse de los atajos; si no es mediante el contrabando, es evadiendo impuestos o pagando mal a sus trabajadores.

Para no hablar de otras formas ilegales como el enriquecimiento ilícito, el testaferrato y demás modalidades de economía subterránea.

En consecuencia, es inaudito por ejemplo, que los comerciantes quienes se supone son gente honesta, celebren el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, haciendo creer además, de manera temeraria a sus afiliados micro y pequeñas empresas, tiendas, peluquerías, panaderías, cafeterías, bares, vigilancia, entre otros, que resultarían afectadas al parecer porque dicha reforma hubiese destruido, dicen ellos absurdamente, según cuenta la prensa, cerca de 452 mil empleos.

Aberrante posición en lugar de velar porque a ese mismo número de empleados se les respeten sus derechos. Un gremio no puede convertirse en un cartel, en el que los miembros aumenten sus ingresos afectando el de sus trabajadores.

Mientras tanto, esto sucede a espaldas de la movilización de  miles de ciudadanos que piden su aprobación al Congreso de la República, donde apenas 8 de sus integrantes tuvieron la desacertada, equivocada y torpe iniciativa, demoledora y antipática, de hundirla al votar negativo sin siquiera debatirla, solo por no dejar gobernar y quizás porque la mayoría de los congresistas no tramitan los proyectos de ley si el Gobierno nos les ofrece algún beneficio personal a cambio, lo cual con esta ocasión no pudieron conseguir.

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La responsabilidad social de un gremio empresarial está en hacer por lo menos que sus afiliadas actúen con ética y velar por su compromiso social en sus prácticas comerciales.

Ahora, la alternativa está en la solicitud de apelación ante la Plenaria del Senado de la República, para revivir la reforma según el Artículo 166 de la ley Quinta de 1992, previo informe de una Comisión Accidental, la cual decidirá si acoge orechaza la apelación.

Entre tanto, mientras él Congreso de la República se obsesione en no dejar Gobernar el país, tendrá que seguir pensando en pronunciarse a través del Constituyente Primario.