“…Jurídicamente desde la Secretaría, la Gobernación y la Alcaldía se reunieron y dijeron nos toca impugnar el fallo para que el juez lo evalúe para que se retrase un poco el cumplimiento y poder cumplir”, informó el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento, Freddy Torres. 

Esta medida se llevó a cabo ya que según estos entes el fallo pedía unas acciones de inmediato cumplimiento las cuales eran imposibles de realizar en el tiempo solicitado. 
 
El diputado Renzo García dio a conocer su inconformidad con dicha decisión. Expresó que son más los aspectos positivos que trae consigo la sentencia judicial en cuestión.

• Puede leer: Consejo de Estado prohíbe la minería en los ríos Combeima, Coello y Cocora

En las recientes sesiones de la Asamblea departamental donde se ha venido discutiendo el presupuesto de la región para el 2021, el diputado dijo que “Entonces no nos pueden estar diciendo que tienen un compromiso en términos ambientales, que están potenciando la protección del patrimonio ecológico y cultural, cuando al mismo tiempo, se emite un fallo que se vuelve histórico para este país, y salimos a atacar el fallo.”

A lo que el secretario Freddy Torres contestó que en enfecto concuerda con proteger el parque y con tal sentencia judicial pero que la impungación era necesaria para dar cumplimiento a ciertos requerimientos que allí se estipulaban. 

Ahora bien, lo contradictorio del caso es que estos entes gubernamentales dicen que impugnaron el fallo para tener más tiempo a la hora de llevar a cabo ciertas peticiones allí expresas pero según el artículo 31 del  decreto ley 2591 de 1991 por el cual  se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constititución Politica de Colombia dice:

• Puede leer: Concesiones mineras amenazan derechos colectivos sobre cuencas de ríos Combeima y Coello: Consejo de Estado

  Articulo 31. IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los 3 días siguientes a su notificación el     fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

La situción actual es la espera ante la respuesta de la Corte a la medida tomada por la Gobernación del Tolima.

Por: Andrea del Pilar Gómez