La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucia Alfonso, hizo pública su declaración de renta en una muestra de transparencia y gobierno limpio, al cual le apostó la funcionaria cuando tomó posesión de su cargo, en primero de diciembre.

La funcionaria, quien se ha desempañado en diversos cargos públicos, especialmente al lado  del exgobernador Óscar Barreto, como secretaria del despacho y en puestos ejecutivos, no registra ningún tipo de investigaciones por parte de autoridad alguna, y en cumplimiento de la reciente ley hizo público su patrimonio de ingresos y gastos durante el año 2018.

Es así, que dentro de la lucha contra la corrupción, el presidente Iván Duque sancionó el 31 de diciembre de 2019 la Ley 2013, que establece que altos funcionarios del Estado están obligados a presentar su declaración de renta.

En su declaración de renta la Directora de Cortolima, presentó cuál es su patrimonio y de dónde provienen sus ingresos, como un acto de transparencia, según su declaración presentada ante la Dian el pasado 4 de septiembre de 2019.

Según este documento, la funcionaria declaró ingresos por $168.493.000, y en patrimonio bruto $301.359.000.

En cuanto a deudas y obligaciones en el año 2018, la funcionaria declaró que estos rubros suman $280,389000, quedándole un patrimonio líquido de 20.583.000.

En cuanto impuestos, la señora Alfonso Lannini, tuvo que pagar más de cuatro millones, de un capital gravable como renta de $14.389.000.

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Según Ley, las siguientes personas deberán cumplir con esta obligación:

Los servidores públicos electos mediante voto popular, los magistrados de las Altas Cortes, Tribunales y de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el Fiscal General de la Nación, los fiscales locales, seccionales y los jueces de la República; así como, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Auditor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil.

De la misma manera, deberán ceñirse a lo dispuesto por la norma, el Presidente de la República, el Gerente General del Banco de la República, los miembros de los Consejos Directivos y Rectores y Directores de universidades públicas, los directivos de las entidades adscritas o vinculadas a los ministerios y departamentos administrativos, con personería jurídica, y los embajadores y cónsules de Colombia en el exterior.