El Programa Socioambiental de la Corporación Podion interpuso ante Cortolima solicitud de revocatoria directa de la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Apone mediante Resolución 4416 de 2019. Lo anterior, ante las demostradas anomalías y falencias en la elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que soportó su autorización, dice un comunicado de prensa de Podion.

El principal argumento de la revocatoria es que Cortolima violó el principio de legalidad al otorgar la licencia desconociendo los términos de referencia que esta misma entidad publicó para la elaboración de estudios ambientales en proyectos mineros, herramienta que permite anticipar posibles afectaciones y atenderlas de manera adecuada. 

También se violó el principio democrático y de participación ambiental, al no garantizar ningún ejercicio de participación efectiva de las comunidades y autoridades del área de influencia del proyecto minero en la construcción del EIA, señala el documento de Podín. 

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Además, se desconoció el derecho fundamental a la consulta previa, al no establecer con la debida diligencia la posible afectación a las comunidades indígenas presentes en la zona. Esto, agravado por el hecho de que la definición del área de influencia del proyecto no se determinó en función de los posibles impactos sino de acuerdo al polígono de explotación, lo que impide saber si las comunidades indígenas se verán afectadas o no.

Es importante destacar que la licencia ambiental fue autorizada a pesar de que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentado por la empresa fue evaluado por Cortolima con la pobre calificación del 52% del cumplimiento. Esta calificación, por sí sola, ameritaba negar la licencia como quiera que el PMA representa los compromisos de la empresa y permite que esta asuma los impactos ambientales que pueda generar.

La licencia autoriza la explotación de oro en 53 hectáreas. Sin embargo, la intención de la empresa es ir explorando y explotando otras dos zonas hasta alcanzar 347 hectáreas. Ingecol ya empezó las excavaciones para alcanzar profundidades de hasta 25 metros.

El boletín de prensa señala que la autoridad ambiental no debió otorgar la licencia, porque según ellos, Podion, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que pueden generar un impacto sobre la naturaleza. 

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El análisis técnico realizado por la Corporación Podion del EIA del proyecto minero Apone evidenció múltiples anomalías e irregularidades, entre las que resaltan:   

• Se otorgó un permiso de concesión de aguas subterráneas con un caudal de 8,5 litros por segundo sin cumplir con los requisitos mínimos legales como el inventario de pozos y aljibes cercanos y la formulación de un Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

• No generaron medidas de manejo frente a impactos sobre el agua, la compensación del suelo, el control de la erosión, la fauna acuática del río Saldaña y las emisiones atmosféricas.

• El área hasta donde llegan los impactos ambientales se limita al polígono minero, desconociendo posibles afectaciones al aire y al agua que pueden sobrepasar esos límites.

• No caracterizó adecuadamente el suelo, el aire, el río Saldaña, las aguas subterráneas y otros elementos que pueden resultar afectados o contaminados por la minería a cielo abierto.

• No especifica qué profesionales lo desarrollaron ni su idoneidad para elaborar el estudio.

Ante todas estas inconsistencias en el EIA, Cortolima no debió autorizar la licencia ambiental para el proyecto de oro Apone en el municipio de Ataco. 

La Corporación Podion tiene conocimiento del recurso de reposición interpuesto el pasado 26 de febrero por la Procuraduría Agraria y Ambiental del Tolima, en contra de esta licencia ambiental, que coincide en el riesgo que representa el proyecto minero para el río Saldaña y el ecosistema bosque seco tropical y alerta la contradicción entre esta decisión y un pronunciamiento previo de Cortolima que derivó en la negación de la licencia ambiental para otro proyecto minero en la zona (Expediente 14713). Por lo tanto, esperamos que Cortolima rectifique su postura y tome las medidas necesarias para salvaguardar el ambiente y los derechos de las comunidades.