Casi desde su creación, la mayor parte de las Corporaciones Autónomas Regionales han estado en el ojo del huracán debido a que se convirtieron en feudos politiqueros y clientelistas. La corrupción las secuestró.

La Comisión Quinta del Senado aprobó este miércoles en tercer debate el proyecto de reforma a estas entidades, que tienen como misión ejecutar las políticas y planes en materia ambiental en los departamentos.

La iniciativa de reforma que es  impulsada por Cambio Radical, prevé controles severos que permitirán acabar con la ineficiencia y corrupción que son los males que en la actualidad dominan a esta entidad.

La iniciativa propone  una nueva forma  a la hora de realizar la elección de los directores. Lo mismo que contempla presentar rendición de cuentas y acciones de transparencia. 

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El proyecto le falta solo un debate en plenaria del Senado.

 Por ejemplo en la elección del director  que es un punto donde aflora el clientelismo y politiquería, estima que con la nueva reforma se determina que  los aspirantes a ser directores tendrán que cumplir con un perfil técnico y requisitos más estrictos de los que hoy se exigen.

 El objetivo, es que el cargo de director se haga mediante una convocatoria pública abierta y que se cuente con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación.

Otro punto importante de la reforma establece que el Consejo Directivo tendrá la facultad de remover al director cuando en el segundo año de su periodo no haya cumplido con el 50% de las metas del plan de acción. 

En cuanto a la contratación y para que haya transparencia en los procesos y se evite de esa manera que se dilapiden los recursos, se adoptarán pliegos tipo. De igual manera se establecerán  instrumentos precisos de planificación presupuestal. 

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En otra de las reformas que contempla el proyecto, se destaca la que tiene que ver con la eficiencia y transparencia, se fijan  estrategias a fin de  reducir los trámites que los ciudadanos deben cumplir ante las CAR.

Para nadie es un secreto, que las CAR fueron tomadas en su mayoría por la corrupción y convertidas en fortines políticos de algunos clanes en los departamentos. Hay que decir que las CAR son entidades poderosísimas por el alto presupuesto que manejan. 

En 2018, la Contraloría General de la República denunció un carrusel de contratos con obras inconclusas y concentración de contratos en estas entidades. “Los oferentes son siempre las mismas personas jurídicas y naturales, en tanto participan en diferentes procesos intercambiándose los roles, compartiendo un mismo contador público, representante legal o miembro de consejo directivo”, entre otras, fue lo que denunció la Contraloría en ese momento.