El abogado ibaguereño Joaquín Torres, radicó una acción jurídica en contra de la Superintendencia Intendencia de Servicios Públicos por instar a que los ciudadanos lleguen a acuerdos de pago con las empresas que les cobraron por promedio, en lugar de cobijarlos y ayudarlos como lo indica la ley. 

"Radiqué la acción de tutela contra la Super Intendente de Servicios Públicos en protección del derecho constitucional a recibir información veraz e imparcial. En noticias RCN la Superintendente le mintió al país al decirle que las empresas de servicios públicos que no midieron el consumo de las facturas del mes de abril o mayo, pueden llegar a acuerdos con el usuario. El artículo 146 de la ley 142 de 1994 es absolutamente claro, puesto que, cuando la empresa por su culpa no midió el consumo, automáticamente pierde el derecho a cobrar", recalca Joaquín Torres.

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El abogado es enfático en decirle a los ciudadanos que no permitan que los "roben" empresas como Celsia o Alcanos, ya que, han reconocido públicamente que cobraron por promedio. Ellas se defendieron señalando que no contaban con las medidas de bioseguridad necesarias para sus colaboradores. "Si les expiden una nueva factura, les ofrecen un acuerdo de pago o si les dicen que les van a rebajar, no se dejen engañar, las empresas ya perdieron ese derecho", precisa el Rey de las tutelas. 

Buena parte de la población tolimense, e incluso colombiana, se ha quejado por los desmesurados cobros de las empresas de servicios públicos durante la pandemia, y el poco respaldo que les ha brindado la Superservicios. "Me he dedicado durante el confinamiento obligatorio a demostrar que la Superintendencia no está cumpliendo su función, ella está para garantizar la justicia en la relación de los contratos de servicios públicos de todos los usuarios. Es totalmente inaceptable poniéndose a favor de las empresas", esgrime el abogado ibaguereño. 

Por último, se muestra optimista respecto al fallo de la tutela, dado que ya ha ganado varias de este tipo en un pasado. "Trabajé seis años para la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar atendiendo usuarios de servicios públicos y siempre que me consultaron, en muchísimas oportunidades, porque le estaban efectuando cobros de consumos no medidos, siempre gané las reclamaciones. Estoy totalmente seguro de esto, porque hay jurisprudencias de la Corte Constitucional que establecen lo que estoy diciendo", resalta Joaquín.