El abogado ibaguereño, Joaquín Torres, interpuso una acción de tutela, que busca proteger su seguridad, su vida y su integridad, como individuo que utiliza la bicicleta para transportarse en el casco urbano de la capital tolimense. Sin embargo, indirectamente la acción constitucional tendría implicaciones colectivas, que beneficiarían a todos los biciusuarios de Ibagué. 

"En caso de no contar contar el accionado (Alcaldía de Ibagué) con los recursos económicos para la reparación de estos semáforos vehiculares, pido se le ordene que dentro de las 48 horas siguientes a la sentencia, ubique agentes de tránsito en cada uno de los lugares donde se encuentra un semáforo en mal estado de funcionamiento, de manera que sea regulado correctamente el tránsito en esos lugares", reza el documento, en referencia a la segunda opción que propone el abogado. 

Él, como biciusuario, expone que día a día se enfrenta a las calles de la ciudad, las cuales no están pensadas para ellos. Arguye que "la poca cultura que existe en Ibagué" respecto a la importancia de la bicicleta, permite que los conductores de motocicletas o carros vulneren sus derechos. De hecho, se les dificulta acatar una de las recomendaciones tan recurrentes por estos días, como lo es utilizar la bicicleta, en lugar del transporte público, dadas las circunstancias por la pandemia. 

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Los siguientes semáforos son los que ha identificado en mal estado:

• Calle 19 con carrera sexta
• Calle 19 con carrera tercera 
• Carrera tercera con calle 11
• Carrera quinta, a la altura del puente peatonal del Colegio La Sagrada Familia
• Carrera quinta, barrio Jardín, bomba Terpel
• Avenida Guabinal con Arrayanes
• Calle 27 con avenida Ferrocarril
• Sector La Floresta en la calle 60
• Carrera primera con calle 25
• Carrera cuarta con calle 10
• Carrera quinta con calle 21
• Avenida Ferrocarril con calle 30
• Calle 42 con carrera quinta
• Calle 28 con carrera cuarta 

"Aclaro que con esta acción estoy procurando defender mi vida, porque las tutelas están orientadas a la defensa de una sola persona. Obviamente pido que esta sentencia tenga efectos inter comunis, ya que, es claro que así como yo corro peligro también los otros biciusuarios", dice Joaquín Torres. 

Más allá de la tutela, agrega que hay un marco jurídico bastante robusto para fomentar el uso de la bicicleta en Ibagué, pero que, no hay "sincera" voluntad política por brindarle garantías a este tipo de movilidad que, entre otras cosas, es amigable con el medio ambiente. 

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"En el municipio de Ibagué se está desconociendo la Ley 1811 de 2016, conocida como la 'ley de la bicicleta', que estimula su uso. Además, se desconoce el acuerdo 017 de 2019, expedido por el Concejo, que establece principios como el de accesibilidad, seguridad, equidad de condiciones con los conductores de otros medios de transporte, el crecimiento sostenible; en fin, deja unas garantías muy grandes, pero nada de esto es aplicado en Ibagué", sentencia el abogado. 

Hace dos semanas se abrió de nuevo la licitación que busca poner por fin en funcionamiento el Sistema Público de Bicicletas en Ibagué, pues el primer proceso se declaró desierto ante la falta de proponentes. El proyecto gestionado en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), tendrá una inversión de 380.000 euros. Se espera que en octubre o noviembre entre en funcionamiento.