El congresista Jorge Enrique Robledo apeló a la auditoría express adelantada hace unas semanas por la Contraloría de Ibagué, para pedir que sea el órgano de control nacional quien investigue la polémica contratación de la Administración Municipal. 

Vale la pena recordar que la auditoría arrojó graves observaciones que dejaban en evidencia sobrecostos y otras anomalías, en el contrato que la Alcaldía celebró con Mercacentro para adquirir 52.000 mercados y posteriormente entregárselos a las familias vulnerables por motivo de la pandemia. 

El documento de la Contraloría Municipal estuvo oculto hasta que, el concejal Rubén Darío Correa lo hizo público. Él, junto a sus compañeros de corporación Jaime Tocora y Javier Mora, y tres disputados del Tolima, le solicitaron a la Contraloría General que investigara de primera mano los presuntos sobrecostos en los que habría incurrido la Alcaldía.

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"La Contraloría General, según lo indican los denunciantes manifestó en rueda de prensa el 21 de mayo que Ibagué era una de las ciudades capitales en las que “no se habían evidenciado sobrecostos” aunque posteriormente el 29 de mayo aclararon que no habían realizado auditoría al contrato mencionado", recordó Robledo en su comunicado dirigido al Contralor General.

Las declaraciones en mención las dio Carlos Felipe Córdoba, sin conocer los hallazgos de la Contraloría de Ibagué. A la fecha todavía no se ha explicado ante la opinión pública el proceder del contralor municipal Iván Darío Delgado, quien, con su silencio, habría favorecido a la administración de Andrés Hurtado. 

Las investigaciones iniciaron a raíz de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía el concejal Javier Mora; aunque, en un principio, advirtió de sobrecostos por $472 millones. 

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“A pesar que la denuncia fue radicada en 5 entidades de control, hasta el momento, de la única entidad que conocemos haya adelantado actuación alguna, es la Contraloría municipal de Ibagué, quien emitió el documento “CARTA DE OBSERVACIONES AUDITORIA EXPRÉS DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS INVERTIDOS POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES AL RESPECTO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA”, en el cual, se determinó la presunta existencia de unos sobrecostos en la adquisición de kits nutricionales por el orden de $681.833.904,05", reseñó Jorge Enrique Robledo en su comunicación al Contralor.

De acuerdo al informe preliminar de la Contraloría Municipal, el contrato por $5.575 millones no solo tendría sobrecostos, sino que, habría provocado un detrimento patrimonial que asciende a los $706 millones. Esto se debe a que 232 mercados, facturados en casi $25 millones, nunca fueron entregados a sus beneficiarios como lo aseguró 427, la empresa encargada de la distribución. 

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Sumado al sobrecosto de 13 mil pesos en cada mercado, y a los auxilios perdidos, la auditoría exprés también dejó constancia de direccionamientos en la caracterización de los beneficiarios. 

"Como quiera que los graves hechos deben clarificarse resguardando el derecho de los denunciantes y de la ciudadanía al uso transparente de los recursos públicos, atentamente le solicito la mayor diligencia por parte de la Contraloría General en la atención e investigación a esta grave denuncia", cierra su comunicado el senador Robledo. 

Hasta ahora ha sido el único congresista del Tolima que ha elevado una solicitud formal de esta índole, en aras de constatar la correcta destinación de los recursos públicos en medio de la crisis actual.