Según el concejal de Ibagué, Rubén Darío Correa, el objetivo de la reunión con la Vicefiscal es allegarle por su conducto al Fiscal General de la Nación,  Francisco Barbosa, el clamor de no pocos sectores del Tolima, porque haya justicia, se avance en las investigaciones actuales derivadas de la pandemia y se descongelen otras que están durmiendo en los anaqueles de los despachos judiciales desde hace varios años.

"Son escandalosos cadáveres insepultos en la vorágine del saqueo al erario local y regional, cuyos cerebros le apuestan a la prescripción y al alzhéimer social para que brille para ellos la impunidad perpetua", anota Correa.

Entre la lista de 10 grandes hechos, están incluidos investigaciones relacionadas con los fertilizantes chiviados a campesinos (2018), el Alumbrado Navideño (2016), la compraventa de lotes de reforestación para enriquecer terceros (2014 y 2018), el contrato de Acualterno con el IBAL (2011), los contratos del Panóptico (más de $25.000 millones en 20 años) y la quiebra del Federico Lleras (2008-2011), le agregarán cuatro gruesos temas más. 

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El concejal Correa los explica de manera pormenorizada.

1. Escenarios Deportivos de los fallidos Juegos Nacionales (2015): extrañamente, desde que Jorge Alexander Pérez alias ‘El Chatarrero’ cantó en versión del 2017, el expediente fue paralizado. Se anunció nueva ronda de capturas y judicialización de por lo menos 40 personas que tuvieron que ver con los graves hechos de corrupción, sobre todo en el contrato Parque Deportivo, el más grande del desastre de la época, por $37.000 millones y esto jamás ocurrió. Es claro que tras el preacuerdo logrado entre Pérez y la Fiscalía Segunda Especializada, anunciado la semana pasada, la ciudadanía espera que sobre el resto de implicados caiga el peso de la ley.

2. El Banco de los Tolimenses (2009-2011): donde se asignaron en la primera gobernación de Óscar Barreto $6 mil 299 millones de pesos en 1.789 créditos, a amigos y familiares de políticos y funcionarios, sin ningún tipo de garantías. Solo 285 personas pagaron. En cobro coactivo ingresaron 3 mil 313 millones de pesos. Y 1.586 millones de pesos fueron a reclamación judicial.

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3. Los Piques Ilegales en el Aeropuerto Perales (2014): Los hechos ocurrieron entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril de 2014. El entonces administrador del aeropuerto de Ibagué Andrés Hurtado, hoy alcalde de la ciudad, prestó la pista de aterrizaje para la realización de piques de un cuarto de milla. Hoy, el proceso, en llamamiento a juicio en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, transita táctica y silenciosamente el camino de la prescripción.

4. Los Cupos Educativos Fantasmas (2008): dejé de último uno de los más graves, sobre el que no hay resultados y del que le pediremos especial atención al Fiscal Barbosa. Se trata del robo de miles de millones de pesos para la educación de los niños en la Gobernación del Tolima, también en el gobierno de Óscar Barreto.

Los cupos se cobraron con información fraudulenta de nombres y documentos de identidad que subieron al Simat los miembros de una conocida fundación de propiedad de un exgerente bancario. Fueron 8.000 estudiantes reportados, 4.000 de ellos fantasmas, a los que supuestamente graduaron de bachilleres sin haber asistido a clases, sencillamente porque no existían. Y para legalizar, descaradamente año tras año subían las mismas personas al sistema. Cuando se cruzó la información se pudo establecer que el detrimento fue de más de $12.000 millones de pesos.

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En lo particular, también le contaré a la Vicefiscal Mancera y al Fiscal General Barbosa, que cusndo abanderamos la lucha contra El Predialazo, en febrero de 2018, denuncié ante la propia Fiscalía un presunto plan de judicializar mediante un montaje a los periodistas que organizamos el movimiento que salvó de pagar $40.000 millones de pesos en impuesto predial a miles de propietarios ibaguereños, con la presunta participación de un Fiscal Especializado de Ibagué. Mientras que dicha denuncia NO avanzó, se congeló, por el contrario, contra mí se desató una persecución y acoso judicial que aún no termina.

"Al momento de escribir este artículo, al digitar “Corrupción Tolima” en el buscador Google, aparecen 840.000 resultados en 0,36 segundos; y al hacer lo mismo con “Corrupción Ibagué” salen 862.000 registros en 0,38 segundos".

El Tolima es el noveno departamento más corrupto de Colombia, señaló el año pasado el tercer informe ‘Así se mueve la corrupción’ de las entidades Transparencia por Colombia, Monitor Ciudadano de la Corrupción y la Fundación Charles Léopold Mayer.

En el informe, se analizaron 207 casos de corrupción de 327 registrados por los medios de comunicación, los cuales comprometieron 17,9 billones de pesos. Tolima apareció entre los 10 primeros de ese triste ranking con 10 casos reportados, los mismos en los que le insistiremos a los doctores Mancera y Barbosa este jueves.

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Considero que, en la actual emergencia por el Covid19, hay tres situaciones de las que nos debemos ocupar en orden de prioridades: la vida (salud), el bolsillo (reactivación económica, ayuda a sectores vulnerables, renta básica y no a los abusos a los servicios públicos) y la corrupción.

"En cuando a esta última, no podemos permitir que los corruptos y politiqueros se roben un peso más de los tolimenses, y mucho menos que se quieran seguir reeligiendo apelando a las prescripciones, al silencio, al olvido y al poder del dinero mal habido para silenciar expedientes", remata el concejal Correa.

A propósito de esta reunión, El Cronista.co llama la atención que en la mayoría de municipios del Tolima hay procesos que avanzan de manera paquidérmica. Solo por nombrar tres: Líbano, Mariquita, San Luis.