La decisión tomada por Expreso Ibagué LTDA, de suspenderles los contratos a 277 de sus conductores, ya fue puesta en conocimiento del Ministerio de Trabajo y, al parecer, sería revocada. Así lo asegura Héctor González, que en estos momentos es el abogado asesor del Sindicato de Transportadores de Ibagué. 

Es de recordar que en la circular emitida por Expreso Ibagué, la cooperativa argumenta que en estos momentos de crisis por la pandemia del covid-19, no cuenta con el presupuesto necesario para responderle económicamente a estos 277 conductores. Sin embargo, son varias las irregularidades en las que estaría incurriendo, teniendo en cuenta los diferentes decretos que ha emitido el Gobierno Nacional para proteger a los trabajadores del país mientras se supera la crisis que se vive.

De acuerdo con el abogado Héctor González, el Código sustantivo del trabajo establece que las suspensiones temporales o definitivas de personal deben ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Todavía más en estos momentos que el Gobierno Nacional ha decretado que solo el Ministro de esta cartera puede autorizar dichos trámites. “Las regionales no tienen capacidades para suspender contratos o realizar despidos. Todo lo tienen que dirigir a Bogotá y queda exclusivamente en las manos del Ministro de Trabajo”, explica González.

Conducto regular que habría sido saltado por Expreso Ibagué, que procedió a suspender los 277 conductores sin previo aviso al Ministerio. “Además de lo anterior, se despide trabajadores que están con estabilidad laboral reforzada, es decir, que ni siquiera están por cuenta de la empresa, sino de las ARL o EPC (porque están incapacitados o con tratamientos médicos)”, asegura el abogado del Sindicato.

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Adicional a eso, los trabajadores suspendidos todavía no han recibido el sueldo correspondiente al mes de marzo. “A pesar de que Expreso Ibagué ha cobrado el producido a los dueños de los vehículos, al día de hoy no le ha pagado a los conductores. A duras penas les hizo un abono. Entonces además de no pagarles todavía su sueldo completo, ahora se quita toda responsabilidad suspendiendo sus contratos”, asevera Héctor González.

Las normas vigentes prohíben que las empresas despidan más del 10% de sus trabajadores. Expreso Ibagué tiene alrededor de 350 conductores contratados según el abogado González, lo que indica que la cooperativa despidió a más del 50% de su personal. 

Los que más molestos tiene a los trabajadores es que no se les habría informado previamente de la decisión, menos aún, se les invitó a dialogar y buscar soluciones multilaterales. “No se llamó siquiera a los trabajadores para encontrar soluciones, establecer algunos mecanismos que les permitieran mantener los contratos de trabajo. Fue una decisión totalmente arbitraria, ilógica”, enfatiza el abogado de los conductores. 

“Pasa también que hay otros trabajadores que estaban de vacaciones (100) que no los pueden suspender ahora, pero apenas se les termine ese periodo los van a sacar. Hay trabajadores que incluso llevan 25 años vinculados y ahora les suspenden sus contratos. Insisto, para eso se requiere un permiso del Ministerio del Trabajo y la empresa violó todos los lineamientos argumentando”, arguye.

Otra de las irregularidades denunciadas tendría que ver con unos 30 conductores que afirman ser víctimas de fuero sindical. “La norma dice que para despedir un trabajador por fuero sindical, necesariamente tiene que darse la previa autorización de un juez de la República. Sin este requisito está violando la ley y cometiendo un delito.