Las protestas de los usuarios de servicios públicos no cesan. Pareciera que los elevados incrementos, especialmente en gas y energía eléctrica, los tienen con los pelos de punta. Algunos consideran que son iguales o peores que el coronavirus.
 
Y no es para menos. Aprovechar un momento como el actual para incrementos absurdos y desfasados, además de generar rechazo de los usuarios de esos servicios, también es un acto de indolencia e insolidaridad de empresas como Alcanos y Celsia, que tratan de lavar sus pecados repartiendo unos cuantos mercados.

Los decretos y normas establecidas por el gobierno nacional, precisamente para controlar este tipo de abusos, como para garantizar la prestación de los servicios, son letra muerta, como tantas otras normas en nuestro país.
 
Las empresas, al responder los reclamos generalizados de los usuarios de todos los estratos, sacan el socorrido cuento que los consumos se han elevado debido a que todas las familias permanecen en casa, y así supuestamente, elevan el consumo de agua, gas y energía eléctrica, entre otros; pero no dan explicaciones de casas, apartamentos o locales comerciales que desde que se decretó el aislamiento obligatorio, permanecen cerrados y no generan ningún consumo, ya que sus propietarios  viajaron a fincas u otros lugares a pasar la cuarentena, y los recibos les llegan hasta con los abusivos recargos que van desde el 30 hasta el 400 por ciento. 

Igual cosa sucede con conjuntos residenciales, casas y residencias de barrios de Ibagué, donde desde hace más de dos meses no se toman las lecturas y en sus recibos les aparecen consumos altos como para justificar el exagerado incremento, según denuncias de los afectados. 

Las evasivas que sacan a relucir las empresas privadas de servicios públicos carecen de fundamentos y de hechos ciertos, ya que justifican sus aumentos en suposiciones y mentiras. 

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La actitud que han tomado algunas empresas privadas que prestan servicios públicos con sus facturas exageradas, son una carga equivalente a millones y millones de coronavirus, que agravan aún más la situación, de por sí ya crítica de los usuarios, que esperan verdaderas soluciones y ayudas de estos poderosos conglomerados.

 No se trata de diferir el pago de las facturas con bajos intereses, además, sino de medidas efectivamente reales, como condonación o rebaja en pagos durante la cuarentena para los estratos bajos. Algo que alivie el maltratado bolsillo de los sectores vulnerables, incluso de la clase media y de  ciudadanos que sufren las imposiciones a través de las facturas de energía, gas, telefonía, entre otras.  

Y es precisamente esta situación, la que nos enfrenta a la privatización de los servicios públicos. Se ha discutido mucho sobre este tema: los que defienden las privatizaciones y los que defienden lo público. Para nosotros lo importante es que sea la una o la otra, pero que preste un buen servicio. 

Sin embargo, hay que reconocer que en materia de tarifas, las empresas públicas han demostrado tener más sensibilidad y de cumplir las normas que rigen la prestación de servicios públicos. 

Es el caso de la Empresa Ibaguereña de acueducto y Alcantarillado (IBAL), que pese a críticas que también le han formulado, el gobierno municipal dispuso el pago de las facturas por dos meses para los estratos uno y dos, de rebajas para el tres y cuatro, y de renegociación de pagos para el cinco y seis. 

Esta es una forma efectiva de ayuda y de solución, así sea parcial, pero hay una deferencia abismal entre lo público y lo privado. 
En nuestro caso, desde que funcione bien, nos quedamos con lo público.