El Juzgado 12 Administrativo de Ibagué condenó a la nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, a pagar 500 millones de pesos por el asesinato de un hombre a manos de un patrullero que continúa ejerciendo su cargo en la capital tolimense. 

De acuerdo al fallo conocido, los hechos sucedieron el 7 de febrero de 2015, en el barrio Ricaurte, sur de Ibagué. El ciudadano Harrison Perdomo Cruz, se encontraba conversando con un amigo y, en ese instante el patrullero Andrés Felipe Acosta Castellanos llegó hasta allí, en compañía de otro uniformado a advertirles que debían retirarse. A lo que hicieron caso omiso.

Posteriormente, el presunto agresor regresó y fue cuando después de un cruce de palabras, y según los hechos denunciados por el amigo de la víctima y testigos, le disparó a Perdomo Cruz, con su arma de dotación, falleciendo instantáneamente.

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Ante esto, el despacho judicial se pronunció a través de una sentencia en la que se le ordena a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la misma Policía a pagar la cuantía antes señalada, por daños y perjuicios los cuales deben ser entregados a la familia de la víctima.

El abogado penalista Luis Felipe Cruz, quien hace parte del proceso administrativo y judicial que se le sigue en contra del patrullero, dijo que “la Policía apeló la condena del pago de 500 millones de pesos, por lo que estamos a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, frente a las arbitrariedades cometidas por Acosta Castellanos”.

Por su parte, el Juzgado 12 Administrativo, consideró que existieron actos de orden irregular, porque de forma ilegítima se empleó mal la fuerza policial.

El abogado señaló que, en cuanto al proceso judicial, se encuentra en el Juzgado Segundo Penal del Circuito, en la etapa de la audiencia preparatoria. Recordó que el patrullero fue acusado por el delito de homicidio doloso. “Además por ahora, estamos esperando la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima y la condena por parte de la justicia ordinaria".

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El abuso policial en el país 

Ante la Cámara de Representantes el Ministerio de Defensa presentó un informe que da cuenta de 696 demandas que actualmente hay en contra del Estado, por abuso de la fuerza policial. Entre las denuncias se encuentran lesiones de uniformados a civiles, ejecuciones extraoficiales y daños a bienes cometidos por la fuerza pública. 

En el documento se lee que las demandas ascienden a $945.000 millones. Lo que se paga con los impuestos de todos los colombianos. En relación al asesinato en Ibagué, por el que se pagarían $500 millones, hay que decir que en todo el país hay 53 denuncias de este tipo, en la que las pretensiones de los demandantes alcanzan los $102.000 millones.