El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué concedió una tutela a favor de Diego Alonso Amaya Montejo, exrepresentante legal de Velotax, al considerar que la Superintendencia de Transporte vulneró su derecho al debido proceso.

Como medida transitoria, el juez suspendió los efectos de las resoluciones 2004 y 7922 de 2026, únicamente respecto de Amaya Montejo, las cuales ordenaban su remoción del cargo de gerente de Velotax y la inhabilidad por diez años para ejercer comercio por diez (10) años.

El exgerente sostuvo que la sanción fue impuesta sin un pliego de cargos y que solo ocupó el cargo durante menos de dos meses, por lo que considera que no puede ser responsabilizado por la crisis de la cooperativa.

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Aunque la Superintendencia aseguró que se trataba de medidas administrativas, el juzgado concluyó que la inhabilidad tiene carácter sancionatorio y debía respetar las garantías del debido proceso. Además, advirtió que la medida afectaba el mínimo vital del accionante y su familia, por lo que ordenó suspender sus efectos mientras se resuelve el proceso de fondo.

Velotax aclara que la intervención continúa

Tras conocerse el fallo, el administrador de saneamiento y representante legal de Velotax, Guillermo Buenaventura Cruz, aseguró que la decisión judicial no suspende ni afecta el proceso de saneamiento que adelanta la cooperativa bajo la supervisión de la Superintendencia de Transporte.

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En un comunicado, explicó que la tutela únicamente ordenó suspender, de manera transitoria y exclusivamente respecto de Diego Alonso Amaya Montejo, los efectos de las resoluciones 2004 y 7922 de 2026, sin pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos.

"Esta orden se adopta con carácter transitorio y no implica pronunciamiento alguno sobre la legalidad de los actos administrativos cuestionados", cita el comunicado, en referencia a la decisión del juzgado.

Buenaventura Cruz enfatizó que la administración de saneamiento continúa ejerciendo las funciones asignadas por la Superintendencia de Transporte y que siguen vigentes las actuaciones orientadas a la entrega formal, material y documentada de la cooperativa.

Finalmente, la administración de Velotax manifestó que respetará las decisiones de los jueces y de las autoridades administrativas mientras avanza el proceso judicial que definirá la legalidad de las medidas adoptadas por la Superintendencia.