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Tribunal le da la razón al expresidente Petro

Tribunal le da la razón al expresidente Petro

El Tribunal concluyó que en el marco del debate político, es legítimo que actores públicos expresen opiniones sobre el funcionamiento del sistema electoral, y eso fue lo que hizo el expresidente Petro. 

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió a favor del expresidente Gustavo Petro el proceso que generó una gran controversia en el país por cuenta de las críticas que hizo el entonces presidente Petro a al sistema electoral colombiano y de paso al actual jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

El alto Tribual determinó que el expresidente no vulneró derechos fundamentales, ni afectó la democracia al cuestionar el resultado de las recientes elecciones presidenciales.

La demanda en contra del expresidente Gustavo Petro pretendía que este rectificara por comentarios que hizo en contra del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, así como del sistema electoral del país. Según encontró e Tribuna Administrativo de Cundinamarca, el expresidente Petro simplemente hizo uso de su libertad de expresión y no vulneró ningún derecho fundamental.  

El fallo, cuyo ponente fue el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, revocó una orden anterior de rectificación proferida por un juzgado que exigió que el expresidente Petro debía retractarse públicamente por algunos de sus comentarios en contra del sistema electoral, puntualmente sobre el software empleado en las elecciones.  

Este caso contra Petro se dio en el marco de una tutela del abogado Ramiro Bejarano que planteaba que el expresidente había vulnerado varios derechos de los ciudadanos por hacer manifestaciones sobre integridad electoral. Según dijo en su momento Bejarano, con sus comentarios Petro afectaba la paz, la convivencia y la participación ciudadana.

El Tribunal concluyó que, en el marco del debate político, es legítimo que actores públicos expresen opiniones sobre el funcionamiento del sistema electoral, siempre y cuando que no se vulneren derechos ajenos ni se ponga en riesgo el orden democrático.

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