El hallazgo del cuerpo de Ana Lucía González Mendoza, una niña de nueve años, en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar en Bogotá, derivó en la vinculación judicial de Shenner José Rojas Lárez. Las investigaciones ubican el origen del caso el 14 de septiembre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, fecha en que la menor fue reportada como desaparecida previo al reporte de las autoridades al sur de la capital.

Las pesquisas preliminares de la Fiscalía General de la Nación señalan que los hechos iniciaron tras una discusión entre el imputado y su expareja sentimental, hermana de la niña. Durante el altercado en la vivienda familiar, el hombre ocasionó daños materiales, situación que llevó a la mujer a acudir a un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía para interponer la denuncia. El procesado aprovechó ese momento para retirar a la menor del lugar y movilizarla en motocicleta.

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El recorrido continuó por un predio en la localidad de Fontibón antes de culminar en el sector de Ciudad Bolívar donde fue localizado el cuerpo. Según los peritajes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa del deceso de Ana Lucía fue asfixia, tras lo cual el cuerpo fue abandonado en el sistema de alcantarillado en horas de la tarde del 15 de septiembre.

El material probatorio recolectado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indica la existencia de agresiones físicas y sexuales sistemáticas contra la menor en fechas previas, momento en que permanecía bajo la custodia del sindicado. La hipótesis del ente investigador contempla que el homicidio fue ejecutado como un acto de violencia vicaria dirigido a causar daño psicológico a la expareja del sospechoso.

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La detención de Rojas Lárez se hizo efectiva el 16 de septiembre en vía pública de la localidad de Los Mártires mediante orden judicial. En las audiencias preliminares, la representación de la Fiscalía imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados; el procesado no aceptó los cargos y fue remitido a un establecimiento penitenciario por orden de un juez de control de garantías.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.