Este 8 de marzo de 2026, en Ibagué se cumple el primer año del feminicidio de Sharit Alexandra Ciro Parra, la estudiante de la Universidad del Tolima. El crimen, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, un hecho conmocionó al país tras revelarse que la joven de 19 años fue engañada mediante una falsa oferta de empleo en redes sociales. Pese a las pruebas iniciales y la contundencia del hallazgo, el clamor de justicia de su familia y de los colectivos feministas sigue tropezando con las grietas del sistema judicial.

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La investigación liderada por la Fiscalía permitió, en marzo del año pasado, la captura de Brandon Andrés Archila Cruz, alias "El Zarco", y Santiago Hurtado González en operativos simultáneos en Bogotá e Ibagué. Las autoridades habían recopilado más de 50 horas de grabaciones y evidencia digital que vinculaban a los sujetos con el traslado y posterior asesinato de la joven, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. Sin embargo, lo que parecía un caso sólido hacia una condena ejemplar por feminicidio agravado, dio un giro desalentador para las víctimas durante el segundo semestre de 2025.

Entre octubre y noviembre del año pasado, tanto Archila Cruz como Hurtado González recuperaron su libertad inmediata por orden judicial. La decisión se basó en el vencimiento de términos, luego de que las defensas argumentaran que se superaron los plazos legales establecidos sin que se diera inicio al juicio oral. Esta situación ha generado un profundo rechazo social, pues los señalados responsables del crimen que segó la vida de la estudiante de Cunday se encuentran actualmente fuera de prisión, a la espera de un proceso que parece estancado en la tramitología penal.

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El temor se ha apoderó de los habitantes de la Comuna 6 de Ibagué, quienes denunciaron a finales de enero pasado, haber visto a uno de los implicados merodeando el barrio La Gaviota en condiciones de alteración por consumo de estupefacientes. La comunidad advirtió en su momento sobre el riesgo que representa la presencia de estos individuos en las calles y exigió a las autoridades locales reforzar la vigilancia para evitar nuevas tragedias. A un año del feminicidio de Sharit, su nombre sigue siendo un recordatorio de la deuda pendiente en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. También evidencia que la libertad obtenida por tecnicismos no equivale a inocencia en un caso que aún espera un fallo definitivo.