En las últimas horas, el Senado de los Estados Unidos aprobó, con 52 votos a favor y 47 en contra, una moción que permite avanzar en una Resolución de Poderes de Guerra, con el objetivo de impedir que el presidente Donald Trump adopte nuevas medidas militares contra territorio venezolano sin autorización previa del Congreso.

Esta votación representa un intento del Congreso por imponer límites al poder presidencial en el uso de la fuerza militar, a pocos días de la incursión estadounidense que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, una operación que no fue sometida a debate legislativo previo.

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El resultado fue posible gracias a que un grupo de senadores republicanos votó a favor de frenar las acciones militares de Trump. Cinco legisladores se unieron a la oposición: Rand Paul (Kentucky), copatrocinador de la resolución; Todd Young (Indiana); Josh Hawley (Misuri); Lisa Murkowski (Alaska); y Susan Collins (Maine). Su respaldo fue clave para permitir que la medida avanzara hacia el pleno del Senado.

Los líderes republicanos intentaron frenar el avance de la resolución para preservar la autoridad de Trump en política exterior y defensa, especialmente ante la amenaza del mandatario de lanzar una “segunda ola” de ataques sobre Venezuela. Sin embargo, la iniciativa superó ese bloqueo, evidenciando fisuras internas dentro del Partido Republicano.

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Durante el debate, el senador Tim Kaine, uno de los impulsores demócratas de la medida, cuestionó la legitimidad de la operación militar y criticó la falta de transparencia del Ejecutivo. Por su parte, el republicano Rand Paul subrayó que “bombardear la capital de otra nación y remover a su líder es un acto de guerra”, y advirtió que la Constitución no otorga al presidente la facultad de iniciar conflictos armados de manera unilateral.

Si bien esta votación no limita de manera inmediata las acciones del presidente, el resultado envía una señal política clara: el respaldo republicano a la expansión del poder militar del Ejecutivo muestra signos de fractura, especialmente tras una intervención que ha generado fuertes cuestionamientos legales y políticos dentro y fuera del Congreso.