Se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que propone añadir siete categorías de beneficios en los contratos de prestación de servicios. La propuesta fue presentada por el senador de Cambio Radical, David Luna.

“Dignificar a las personas que tienen un contrato de prestación de servicios con el Estado”, dijo el senador Luna, sobre el objetivo de este proyecto de ley. Para ello, se proponen los siguientes cambios:

1. Derecho al disfrute de la licencia de paternidad y maternidad, cubiertas por el Sistema General de Seguridad Social. Las entidades estatales no podrán hacer uso de la figura de la suspensión de contrato para eludir el otorgamiento de la misma.

2. Posibilidad de tener derecho a una licencia de dos o cuatro semanas en caso de sufrir aborto o parto prematuro no viable.

3. Posibilidad para desarrollar sus funciones de manera remota, total o parcialmente, cuando el objeto del contrato lo permita.

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4. Derecho a convenir con su supervisor el equivalente al 5% de los días totales de ejecución de su contrato para disfrutar días de descanso sin tener que suspender su contrato.

5. Vinculación a las actividades de bienestar institucional programadas para las funciones de planta.

6. Las personas que cuenten hasta con dos contratos de prestación de servicios profesionales sólo estarán obligadas a realizar el aporte correspondiente a salud y pensión del contrato de mayor valor.

7. Vinculación al Sistema General de Riesgos Laborales, así como a las cajas de compensación familiar.

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Contrario a la propuesta de algunos sectores políticos sobre eliminar los contratos por prestación de servicio, el senador David Luna dijo: “nosotros creemos que es fundamental por su especialidad o por la necesidad de servicio; estos contratos tienen que entenderse para lo que fueron creados, para apoyar la gestión del Estado”.

Este proyecto podría beneficiar, según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, a 811.635 personas que tienen contrato de prestación de servicios con el Estado.