La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al exalcalde de Alvarado, Yesid Fernando Torres Ramos, quien suscribió 11 contratos ficticios, los cuales tenían por objeto obras civiles, mejoramiento de vivienda de interés social, mantenimiento de vías y rocería.

El ente de control comprobó que tras suscribir de manera inusual los bilaterales con el ingeniero Edson Andrés Ospina Arias, quien figuraba como contratista, el entonces alcalde logró el desembolso de recursos públicos. Además, se evidenció que las obras civiles contratadas y pagadas por la administración municipal no fueron ejecutadas con el mencionado ingeniero.

En la misma decisión de primera instancia, la entidad destituyó e inhabilitó por 12 años y seis meses al exalcalde (e), Álvaro Palma Orjuela, por la firma irregular de un contrato. 

En cuanto a Palma Orjuela, la entidad concluyó que “el entramado del ilícito estuvo liderado por el exmandatario”, quien utilizó los documentos que su hermano recibió del ingeniero con la promesa de darle un contrato, los cuales, le sirvieron para estructurar los falsos bilaterales y luego ordenar su pago, dándole apariencia de legalidad. 

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Otros cuatro funcionarios de la administración municipal que cumplían labores de supervisión y, en algunos casos de tesorería, fueron sancionados por el mismo término de Palma Orjuela.

Se trata de: el secretario de Hacienda, Pablo Emilio López Trujillo (2004-2014); los jefes de Planeación, Carlos Fernando Cortés Ayala (2014-2015), y de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán (2013-2015); y la secretaria de Despacho, Dadiana Andrea Peña Hernández (2014-2015).

Por el término de 10 años también fueron destituidos e inhabilitados el almacenista, Víctor Alfonso Gómez Lozano (2012-2015); y la técnica operativa, Magaly Acosta Romero (2014-2015), con las mismas funciones de los anteriores disciplinados. 

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De acuerdo con la Procuraduría, el resto del equipo de servidores públicos encargado de la supervisión, incurrió en la conducta tipificada como falsedad ideológica en documento público, pues faltaron a la verdad y, en algunos casos, consignaron hechos contrarios a la realidad, transgrediendo el ordenamiento jurídico. 

A juicio del Ministerio Público, “bajo ningún supuesto fáctico es lógico que se suscriban contratos para ser pagados con cargo a recursos del erario estatal a sujetos no identificados plenamente”.

Los ocho disciplinados fueron sancionados por la comisión de una falta gravísima cometida a título de dolo.

En el mismo fallo, la Procuraduría absolvió al jefe de Planeación e Infraestructura, César Augusto Martínez (2013-2014), quien solo suscribió los estudios previos de dos contratos y firmó el acta de evaluación en la cual dejó constancia de que el proponente, Edson Andrés Ospina Arias, no asistió.