En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Sandra Patricia Ortiz Garzón, por participar en política apoyando la candidatura de Rosmery Martínez. Esto se dio durante la campaña de 2019.

El ente disciplinario comprobó que la servidora pública abusó de su cargo, de manera sistemática y reiterada, para presionar a dos contratistas Lorena Amaya y Gina Paola García, que habían sido recomendadas por Emilio Martínez, hermano de la aspirante, para compartir con los directivos del partido un porcentaje considerable de sus honorarios a partir del momento que firmaron el bilateral con la administración municipal.

El ente de control corroboró que la funcionaria pública y la supervisora de los negocios jurídicos, Luisa Fernanda Casilimas, informaron a las contratistas que solo recibirían la suma de $1.700.000 y el resto debería ser devuelto a estas para cubrir los gastos de refrigerios, papelería y otros gastos de la candidata.

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La entidad confirmó también que la exsecretaria asistió a la oficina de Emilio Martínez Rosales, el mismo lugar en el que funcionaba la sede política de Cambio Radical y donde se manejaban los procesos electorales de la candidata a la gobernación del Tolima, para tratar el incumplimiento en los pagos de las dos funcionarias.

Debido a esto, el Ministerio Público evidenció que la disciplinada influyó en los procesos electorales y vulneró los principios de moralidad y transparencia que están establecidos en la ley.

Por tanto, la Procuradora delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la falta de Ortiz Garzón como gravísima, a título de dolo y finalmente, la decisión puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.