La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz.

El comunicado emitido por la Procuraduría, responde a las denuncias periodísticas recientes, que advierten que habrían desaparecido $500.000 millones destinados para implementar el acuerdo de paz con las Farc. Al parecer, a través del direccionamiento de procesos de contratación pública, se habría montado una red de saqueo a los dineros de la paz.

"La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del SGR en proyectos, por cerca de $250.000 millones, ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca", indicó la entidad.

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Vale la pena recordar que el Tolima tiene cuatro municipios PDET: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

El Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD – Paz, por más de $437.000 millones, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.

Adicional a eso, y de acuerdo con diferentes hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría avanza en 12 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD – Paz.

En las investigaciones están implicados funcionarios de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.

Fuente: Boletín Procuraduría Colombia