La preocupación por el avance de la minería ilegal comenzó a crecer en Chaparral, sur del Tolima, luego de que el alcalde Helbert González advirtiera sobre la presencia de maquinaria en diferentes sectores del municipio y reclamara mayor respaldo institucional para enfrentar esta problemática.

El mandatario aseguró que desde la administración municipal ya se encendieron las alertas y se remitió un informe detallado a distintas entidades nacionales y regionales con el fin de visibilizar la situación.

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“Levanté un documento muy bien estructurado y lo radiqué en la Fiscalía, en el Ministerio de Ambiente, en la Procuraduría General, en la Dirección Nacional de la Policía, en Cortolima y en la Gobernación, describiendo el problema. Yo creo que hasta ahí los alcaldes podemos llegar”, afirmó González.

El alcalde cuestionó la falta de acciones contundentes desde el nivel nacional y señaló que los municipios no cuentan con la capacidad suficiente para enfrentar por sí solos este tipo de actividades ilegales. “Ha faltado acciones y apoyo desde el Gobierno Nacional. Le están soltando la pelota a los alcaldes y nosotros no tenemos ni las herramientas ni los medios para poder controlar un problema tan sensible como este”, manifestó.

De acuerdo con el mandatario, ya se ha identificado maquinaria operando ilegalmente en sectores como Tuluní, Hato Viejo y Lemayá, zonas donde, según indicó, comenzó a evidenciarse esta actividad.

Aunque aclaró que el panorama no alcanza aún los niveles reportados en otros municipios del departamento, reconoció que la situación empieza a generar preocupación entre las autoridades locales. “Afortunadamente no es de la misma magnitud que se presenta en otros municipios, pero aquí ya se empieza a ver y esperamos que hayan acciones concretas para mitigar esta situación”, sostuvo.

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González también explicó que las múltiples vías de acceso con las que cuenta Chaparral dificultan los controles y hacen más complejo frenar el ingreso de maquinaria. “Chaparral tiene varias zonas de ingreso y uno también entiende que la fuerza pública de pronto no tiene toda la capacidad logística ni humana para frenar un problema de esta dimensión”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado para que la respuesta frente a esta problemática sea articulada entre diferentes entidades del Estado. “Esto tiene que ser una acción integral de todas las instituciones. Aquí tienen que apoyar todas las entidades para poder frenar esta situación”, concluyó.