El   Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué acusó a seis de los presuntos responsables del desfalco a los Juegos Nacionales de 2015, entre ellos el ex alcalde Luis Hernando Rodríguez, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, entre otros delitos, de acuerdo a la actuación de cada uno dentro del proceso.

Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito, el agente de la Fiscalía señaló que el caso hace referencia al contrato Número 087 del año 2015 para la interventoría técnica, administrativa y financiera para la ampliación, adecuación y/o remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro, cuya cuantía ascendía a la suma de 646 millones de pesos  con la constructora A & C.S.A.

Los acusados 

Los siguientes nombres son los acusados formalmente por los punibles de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público: 

El ex alcalde Luis Hernando Rodríguez Ramírez, de 58 años de edad.
Carlos Heberto Ángel Torres, de 53 años, exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri).
Mauricio Campos Del Cairo, de 42 años, ex supervisor de contratos de obra e intervención pública del Imdri.

Leonardo Alexander Valero González, de 45 años, exasesor de gerencia del Imdri.
Jesús Octavio Acosta Sánchez, de 77 años, representante legal de la sociedad A & C.S.A -único en libertad-.

Por otra parte, queda pendiente de acusación Orlando Arciniegas Lagos, de 60 años, ex asesor jurídico de la Alcaldía de Ibagué 2012-2015. 

Arciniegas, según el ente acusador, deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. 

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Irregularidades en las etapas contractuales 

Los peritos de la Fiscalía encontraron irregularidades en la convocatoria del concurso que se subió al Secop (Sistema Estatal de Contratación Pública), un día después de lo estipulado, y se suscribió un mes después de la fecha programada.

El contrato estaba por un valor superior a los 600 millones de pesos, del cual se presume hubo un peculado aproximado de 165 millones de pesos, por cuanto se pagó, se cobró y no se ejecutó, incumpliendo así el objeto contractual.