Fecode, Federación Colombiana de Educadores, convocó paro nacional de 24 horas para este miércoles 30 de agosto. Son varios los motivos de la protesta. “El Magisterio Colombiano está decidido, unido y firme en la defensa de su derecho a la salud y a la educación pública. No permitiremos su privatización en favor de intereses politiqueros. Invitamos al movimiento sindical del sector de la educación a apoyarnos”, es el mensaje central que envía Fecode.

De acuerdo con un comunicado de esta organización sindical, son varias las razones del paro. “La vulneración al derecho a la salud digna del magisterio y sus familias, a través de los incumplimientos, barreras de acceso, inoportunidad, retrasos, negaciones y desconocimiento por parte de los operadores de los pliegos de condiciones contratados. Exigimos salud y, en conexidad, respeto a la vida”, dice el sindicato.

Lo mismo que rechazan el proyecto de Ley No. 192 de 2022 del Senado en el que “se crea el bono escolar en Colombia, cuyo objetivo es esencialmente económico para supeditar la educación pública a las lógicas del mercado, suprimiendo la educación como derecho para convertirlo en una dádiva. Adicionalmente, constituye un nuevo intento de entregar el presupuesto público a los particulares, revivir el clientelismo, favorecer la corrupción y acentuar los procesos de privatización”.

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También se protesta con otro proyecto de ley que tiene que ver con la modificación del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla la “prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales”, presentado por la Senadora María Fernanda Cabal y otros, con el propósito de prohibir el derecho a la protesta, convirtiendo marrulleramente la educación en un servicio esencial, negando la posibilidad de elevarla a derecho fundamental mediante de una ley estatutaria”.

Según Fecode, el proyecto de ley de la senadora Cabal “ordena acabar con las movilizaciones del magisterio y el derecho a la huelga de los trabajadores estatales”, lo que representaría, en la óptica de la agrupación sindical, un grave retroceso en materia de garantías constitucionales”.