“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, dijo el Superintendente.

El funcionario indicó que desde el ente de control y vigilancia se realiza un seguimiento estricto a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se haga efectivo el goce del derecho constitucional a la salud.

En ese sentido, el Superintendente señaló que la actual administración de la entidad ha intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud.

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“Es importante precisar que la inspección y vigilancia de los actores se hace con base en los reportes que estos hacen a la Superintendencia”, agregó el Superintendente.

“No obstante, en este primer año de gestión de esta Superintendencia del cambio, se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud, así como se han adoptado las medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la salud”, manifestó Beltrán López.

El Supersalud agregó que desde la entidad se está trabajando por un sistema de salud equitativo y con mayor capacidad resolutiva, que ya está marcha, con la nueva política para la gestión de los reclamos en salud de los usuarios.

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Señaló que la nueva metodología de radicación de reclamos, que se puede consultar en el sitio web: www.supersalud.gov.co, tiene en cuenta 37 motivos que permiten la evaluación masiva de las reclamaciones, teniendo en cuenta el tipo y riesgo que representa para el usuario. De esta manera, los reclamos de riesgo vital se deben resolver de fondo en máximo 24 horas por parte del vigilado; los de riesgo priorizado en 48 horas y, los de riesgo simple, cuentan con 72 horas para su resolución.