La Fiscalía General de la Nación destapó una compleja red financiera fraudulenta que habría captado de manera ilegal cerca de 200.000 millones de pesos entre los años 2021 y 2024. En el marco de esta investigación, el ente regulador judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, señalados como los presuntos articuladores de este modelo de captación que terminó perjudicando a miles de ciudadanos en diversos departamentos del país, incluido el Tolima.

• Lea también: Condenan a más de 20 años de prisión a alias “Risas”

De acuerdo con las indagaciones de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, las maniobras iniciaron en 2021 bajo el nombre de una empresa comercializadora y exportadora, para transformarse un año después en una figura cooperativa. El esquema prometía astronómicas rentabilidades del 25 % cada 25 días hábiles mediante contratos de cuentas en participación o supuestos acuerdos de intermediación para la venta nacional y exportación de plátano.

Las pruebas recopiladas permitieron establecer que cerca de 8.000 víctimas entregaron sus recursos sin recibir los intereses acordados ni lograr el reintegro de sus capitales. El impacto económico golpeó severamente a poblaciones vulnerables como campesinos, docentes rurales, madres cabeza de familia y víctimas del conflicto armado, extendiendo sus tentáculos desde municipios antioqueños hasta zonas del Tolima, Magdalena y Valle del Cauca.

La ejecución de las medidas judiciales inició el pasado 10 de julio con la detención de una de las acusadas en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el segundo investigado se presentó de forma voluntaria ante las autoridades locales. Ambos procedimientos de captura fueron declarados legales por jueces de control de garantías en audiencias desarrolladas de forma individual.

• Puede leer: Golpe a las redes criminales en el norte del Tolima

Una fiscal adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales imputó a los dos procesados los delitos de captación masiva y habitual de dinero junto con el de no reintegro. Pese a que los imputados decidieron no aceptar las acusaciones formuladas por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia mientras se define su situación judicial.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación