La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de siete personas implicadas en un sofisticado entramado de corrupción que afectó directamente a la población más vulnerable de La Guajira. Según la investigación, se detectaron irregularidades en la ejecución de tres contratos suscritos por la seccional de este departamento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 2019. Estos convenios tenían como objetivo principal la atención integral y alimentaria de la primera infancia y mujeres gestantes en comunidades rurales y grupos étnicos de Riohacha y Manaure.

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Entre los procesados se encuentran tres exfuncionarios del ICBF: Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas. En su rol de supervisores, estas personas habrían avalado actas de revisión y autorizado 12 pagos con sobrecostos injustificados a favor de la empresa contratista, representada por la particular Rosidis Barliza Rivera. El ente acusador también vinculó al proceso a tres supuestos proveedores de insumos (carnes, verduras y productos perecederos), quienes habrían facilitado la maniobra mediante documentación irregular.

El “modus operandi” consistía en el uso de facturas y cuentas de cobro con incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones alimentarias entregadas. Estos documentos fueron utilizados para inflar los informes financieros presentados ante el ICBF, permitiendo la solicitud de desembolsos mayores a los costos reales del servicio. Estas maniobras delictivas provocaron un detrimento patrimonial al Estado calculado en más de 860 millones de pesos, dinero que debía garantizar el bienestar nutricional de los menores guajiros.

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Ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Unidad de Administración Pública les imputó diversos delitos, según su grado de participación, entre los que destacan peculado por apropiación (tanto en beneficio propio como de terceros), falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Por ahora, el proceso continúa bajo los principios de presunción de inocencia mientras las autoridades competentes resuelven la situación judicial definitiva de todos los implicados.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía general de la Nación.