En total, se establecieron 75 observaciones administrativas, 64 disciplinarios, 13 penales, 22 fiscales y uno sancionatorio, que ascienden a la suma de 3 mil 200 millones de pesos.

En los hallazgos, se ven involucrados tres integrantes del Consejo Superior, máximo órgano de dirección del alma mater. Además, el organismo de control califica el periodo auditado como desfavorable, faltando a los principios de transparencia, economía, responsabilidad entre otros.

Alexander Martínez Rivillas

El representante de los Docentes ante el Superior fue escaneado por la Contraloría quien hace dos observaciones administrativas con incidencias disciplinarias y fiscales, donde presuntamente “Martínez Rivillas y la Universidad del Tolima en el ejercicio de otorgamiento de comisiones de estudio, incurrieron en un presunto detrimento patrimonial de recursos públicos por valor de $187.466.303 por concepto de salarios y prestaciones sociales, apoyos económicos para sostenimiento, compra de libros, matrículas y demás derechos académicos que otorgó la universidad al docente, durante su comisión de estudios, que estuvo comprendido entre el primero de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2013.”

Después de esta última fecha, Martínez Rivillas tenía un año de plazo para convalidar su título de Magister, no obstante, fue convalidado hasta el 26 de junio del 2015, es decir, dos años después de manera extemporánea.

Según la Contraloría, “Martínez Rivillas habría ocasionado otro presunto detrimento patrimonial por valor de $27.810.533 a la Universidad del Tolima, al presentar el título de Magister en Gestión Pública y Desarrollo Sostenible expedido por la Universidad, el cual fue tenido en cuenta para otorgarle 40 puntos salariales mensuales en su asignación como docente de planta desde el 5 de agosto de 2009”, título que no fue convalidado durante esa época por el Ministerio de Educación Nacional.

El informe, además manifiesta que la Universidad del Tolima también tiene responsabilidad de culpa en este proceso, al no ejercer un adecuado control sobre la verificación y validación de los requisitos y documentos, soportes anexados, para quienes aspiran ingresar a la Universidad.

Carlos Eduardo Montealegre Hernández

Así mismo, se evidenció que varios decanos estuvieron involucrados en la auditoría Administrativa con incidencia Disciplinaria , entre ellos, el de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Carlos Eduardo Montealegre y actual representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior.

De acuerdo con el informe, “adquirieron compromisos que no fueron relacionados en las órdenes de compra, como tampoco en la relación de contratos de prestación de servicio, pero que fueron legalizados a través de la figura de apoyos económicos, sin que los mismos correspondan a su adquisición a los procesos reglados por el Consejo Superior.”

La Contraloría reporta a Montealegre Hernández, con cinco apoyos económicos que le costaron a la universidad más de 70 millones de pesos  para actividades logísticas y despedidas que incluyen almuerzos, flores, recordatorios y música. Lo curioso, es que en algunos de estos “apoyos” no hay evidencias, informes del gasto efectuado, fotografías ni videos que soporten la realización de las actividades que Montealegre como ordenador de gasto se adjudicó.

Montealegre, además de recibir ingresos de su suelo como Decano, facturó $47.692.025 más, por horas de cátedra en los posgrados. Lo increíble es que lo anterior fue aprobado por el Consejo de Facultad que él mismo preside.

José Daniel Martínez Chaparro

Uno de los que nadie se imaginaba que iba a quedar salpicado en este informe, sería el representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior, José Daniel Martínez Chaparro, por estar en aparente distancia con áreas administrativas de la institución, no obstante, resulta involucrado en una escandalosa observación que hace la Contraloría sobre el pago irregular de viáticos y apoyos económicos.

En época de crisis, de austeridad en el gasto y de déficit, llama profundamente la atención que Martínez Chaparro recibió viáticos y apoyos económicos entre los años 2013 y  2015, por un total de $45.876.472.

Igualmente, la Contraloría determinó que aun cuando en el estatuto general de la Universidad no estaba contemplado “autorización alguna para que le reconocieran y pagaran apoyos económicos o viáticos a los  estudiantes que resultaren elegidos como Representantes antes los diferentes consejos que posee la Universidad.”

Ver informe definitivo de la Contraloría aquí

Los representantes, quienes se supone deben dar ejemplo ante toda la comunidad universitaria, contribuyeron al debacle financiero de la institución. Con estos hallazgos que los involucran ¿deberán seguir al frente del máximo órgano de dirección del alma mater?, esa es la pregunta que todos se hacen.