Más de 6,6 millones de habitantes de los 170 municipios más afectados por la pobreza, el conflicto armado y los cultivos ilícitos se verán beneficiados con la destinación de 586.000 millones de pesos en el primer semestre del 2024, a través de recursos de regalías del OCAD-Paz.

Los recursos serán distribuidos en la financiación de proyectos de interés social priorizados por las comunidades de las 16 subregiones establecidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La selección de las iniciativas se hará con base en la preselección de 150 proyectos, producto de la primera convocatoria de los OCAD-Paz, organizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

La subdirectora general del Sistema General del Regalías del Departamento Nacional de Planeación, Tania Guzmán Pardo, destacó la transparencia del proceso.

“Contar con 150 proyectos elegibles para acceder a recursos de la Asignación para la Paz evidencia el éxito del cambio de las reglas de juego, implementado por el Gobierno actual. El DNP sigue comprometido con la transparencia en el manejo de los recursos para la paz”, dijo Guzmán.

Dos proyectos en la lista de elegibles en el Tolima

De acuerdo con la evaluación técnica de los proyectos presentados en la convocatoria No 1 del OCAD Paz que han alcanzado el puntaje mínimo para integrar la lista de elegibles, el Tolima registra dos proyectos los cuales están ubicados en  el sur del departamento, cada uno por valor de $ 23.993.765.570.

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El director de la ART, Raúl Delgado, hizo referencia a la preselección de los 150 proyectos PDET: “Seguiremos impulsando con las propias comunidades y gobiernos territoriales la activación y puesta en marcha de estos proyectos”, expresó.

Los 150 proyectos preseleccionados alcanzaron el puntaje mínimo requerido luego de una evaluación que incluyó 248 iniciativas.

La publicación del listado de proyectos de inversión elegibles determina cuáles podrán ser convocados a la sesión del OCAD Paz para que esta instancia de decisión pueda cumplir con sus funciones de “viabilidad, priorización y aprobación”.

Este mecanismo facilitará la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que buscan promover el cierre de brechas sociales y económicas en los territorios poblados por las comunidades y grupos étnicos.