La Gobernación del Tolima dispuso el desarrollo de una auditoría especial de carácter inmediato en el Instituto Departamental de Deportes (Indeportes), con el propósito de revisar una serie de inconsistencias detectadas en la vinculación de personal técnico y administrativo mediante la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). La decisión administrativa busca esclarecer el destino de los fondos públicos asignados a la entidad y determinar si existió un uso indebido de los recursos destinados al fomento del deporte regional.

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Las indagaciones preliminares señalan la existencia de presuntas alteraciones en las solicitudes de apoyo contractual tramitadas en nombre de las ligas deportivas locales. De acuerdo con los reportes de la administración, durante el presente periodo lectivo se habrían formalizado más de un centenar de contratos por un valor aproximado superior a los 3.000 millones de pesos, utilizando presuntamente avales modificados e información de terceros no vinculados al sector para justificar las vinculaciones laborales.

Como primer ejemplo de las aparentes anomalías, se identificó el caso de la Liga de Fútbol del Tolima, organismo que solicitó a principios del año la vinculación de 12 entrenadores, pero figuró con más de 35 personas contratadas en los registros del instituto. El informe administrativo indica que al menos 18 de los ciudadanos registrados bajo esa figura no desempeñaban funciones operativas ni mantenían relación directa con el desarrollo de las actividades deportivas en el departamento.

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El mecanismo bajo revisión técnica sugiere que se utilizaban hojas de vida ajenas para la elaboración de contratos e informes de supervisión ficticios, con el fin de tramitar el cobro mensual de los honorarios. Las investigaciones internas refieren que a los titulares de los documentos se les cubría la seguridad social y una contraprestación porcentual, mientras que el monto remanente era transferido a cuentas no oficiales, situación que activó las alertas dentro del ejecutivo departamental.

Ante el hallazgo de estos elementos, la mandataria Adriana Magalí Matiz solicitó la desvinculación preventiva de personal en cargos directivos y operativos dentro de Indeportes. Entre los movimientos registrados figura la renuncia de la directora deportiva Bibiana Romero, así como la revisión de las vinculaciones contractuales de Zaile Ibáñez y del coordinador de metodólogos, Juan Diego Cortés, en el marco de la preservación de los principios de transparencia en la función pública.

El equipo jurídico de la Gobernación evalúa congelar la ejecución de los contratos que permanecen vigentes y compulsa copias del informe técnico ante los organismos de control y fiscalía competentes. Las autoridades verificarán si estas conductas configuran presuntas faltas disciplinarias o tipos penales asociados a la falsedad en documento público, celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, manteniendo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia para las personas mencionadas en los expedientes.

Por su parte, se conoció que un colectivo de dirigentes, entrenadores y representantes de diversas disciplinas deportivas del departamento hizo pública una solicitud para manifestar su posición frente a la reestructuración interna. A través de un comunicado dirigido a la administración saliente, los firmantes de áreas como fútbol de salón, judo, taekwondo, ajedrez y ciclismo argumentaron que la labor desempeñada por las funcionarias salientes aportó al fortalecimiento operativo y al acompañamiento continuo en zonas urbanas y rurales.

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Hasta el momento, ni la Gobernación del Tolima, ni Indeportes Tolima han emitido un pronunciamiento oficial definitivo sobre el avance de los trámites disciplinarios, ni se conocen fallos judiciales o de organismos de control que determinen responsabilidades individuales. La auditoría especial continuará su curso para entregar los hallazgos finales a los entes reguladores, en tanto la estructura directiva del instituto entra en una fase de reorganización administrativa.