La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres hombres señalados de integrar la estructura delincuencial conocida como “Los Benza”, dedicada al hurto de ciudadanos en la capital del Tolima. Las autoridades confirmaron la medida de aseguramiento en centro carcelario dictada contra los procesados, quienes deberán responder por su presunta vinculación con diversos hechos delictivos denunciados en la región.

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El modus operandi de este grupo delincuencial consistía en entablar contacto previo con hombres a través de aplicaciones de citas y plataformas digitales. Posteriormente, pactaban encuentros presenciales en distintas viviendas de la ciudad, donde presuntamente administraban bebidas adulteradas con productos tóxicos para anular la capacidad de reacción de los afectados y dejarlos desprotegidos.

Una vez que las víctimas quedaban inconscientes dentro de los inmuebles, los demás implicados ingresaban para apropiarse de objetos personales y dinero. Además, los señalados utilizaban los plásticos bancarios de los afectados en diversos establecimientos comerciales, donde realizaban transacciones y compras no autorizadas antes de retirarse de los sitios del suceso.

Las investigaciones lideradas por la Seccional Tolima permitieron articular denuncias sobre casos registrados entre febrero y abril del año 2025. La recolección de pruebas incluyó el análisis metódico de grabaciones de cámaras de seguridad en comercios locales, sumado a la verificación detallada de registros telefónicos y llamadas entre los involucrados.

El monto acumulado por las acciones atribuidas a este grupo alcanza los 46 millones de pesos. En uno de los eventos documentados, el hurto superó los 20 millones de pesos entre bienes sustraídos y movimientos bancarios, mientras que en otro caso los procesados habrían tomado posesión de un vehículo y otros elementos de valor de la víctima.

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Durante las audiencias preliminares, el ente de control imputó los cargos por concierto para delinquir, hurto agravado, hurto por medios informáticos y transferencia no consentida de activos. A pesar de que ninguno de los tres ciudadanos aceptó los delitos imputados por la fiscalía, el juez de control de garantías ordenó la privación de la libertad en centro penitenciario.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.