El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control Garantías determinó que Cesar Yáñez, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué, incurrió en desacato al no responder adecuadamente a los requerimientos de los transportadores, lo que desencadenó esta condena.

En un episodio que refleja la tensión entre los transportadores y la alcaldía de Ibagué, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control Garantías dictó una sentencia de cinco días de arresto contra Cesar Yáñez, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la ciudad. Esta decisión se basa en su incumplimiento de proporcionar información crucial solicitada por las empresas de transporte público de la región.

La controversia se desencadenó tras la revelación de un convenio entre la administración municipal y la empresa Infotic, cuyo principal propósito era gestionar la recaudación de pasajes. En este contexto, las empresas de transporte público solicitaron documentos esenciales a Cesar Yáñez, pero no obtuvieron una respuesta adecuada.

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El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control Garantías determinó que el gerente del SETP de Ibagué había desobedecido las órdenes constitucionales emitidas por este despacho el pasado 22 de agosto. Como resultado, se le impuso una multa equivalente a cinco días de salario mínimo legal vigente (SMLMV) y una condena de cinco días de arresto, que deberá cumplir en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones.

La acusación de desacato fue presentada por Paula Katherine Ramos Navarro, representante de Cotrautol, Hernán Quiñones, gerente de Expreso Ibagué, y Paola Torres, gerente de Movilizando a Ibagué UT, debido al incumplimiento de la orden constitucional emitida por el juzgado el pasado 22 de agosto.

Según la decisión del juzgado, la solicitud de información se presentó al gerente del SETP el 10 de julio, sin que este proporcionara una respuesta oportuna que satisficiera las demandas de las empresas de transporte. Los demandantes alegaron que las respuestas recibidas no abordaron adecuadamente sus preocupaciones y carecían de respaldo documental, técnico y jurídico relevante. En respuesta, el representante del SETP defendió que, aunque las respuestas podrían no haber sido satisfactorias para los demandantes, el incidente de desacato no era el medio adecuado para obtener una respuesta