La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, presentó escrito de acusación contra el alcalde de Chaparral, Hugo Hernando Arce Hernández, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
 
Dicho escrito fue enviado por la Fiscalía ante un juzgado del circuito de Chaparral la semana que acaba de terminar y en él se argumentan presuntas irregularidades presentes en un contrato para la construcción del coliseo deportivo de esa localidad en el que se iban a disputar los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, a celebrarse en 2015 en el Tolima.

La determinación del ente investigador cobija también a José Ricardo Barrera Rodríguez, exsecretario de Infraestructura y Desarrollo, y miembro del comité evaluador y supervisor del referido contrato.
 
Otros de los afectados con la decisión del fiscal del caso son: Camilo Andrés Busto Varón, excontratista y exrepresentante de la Unión Temporal Juegos Nacionales y Juan de Dios López Ortiz, exintegrante de La Unión Temporal Juegos Nacionales y exsubcontratista.
 
De igual manera, serán acusados, según sus responsabilidades individuales, Celso Román González y José Rodrigo Herrera Mejía, en calidad de interventores, quienes serán llamados a la audiencia respectiva de formulación de acusación en los próximos días.

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Contrato para un coliseo deportivo

La denuncia que motivó la investigación da cuenta que el 12 de marzo del año en mención, se celebró el contrato de obra pública N° 078 del 12 de marzo de 2015 cuyo valor superó los 5.700 millones de pesos, y que fue adicionado en 900 millones de pesos. Este contrato, al parecer, fue adjudicado de manera irregular a la Unión Temporal Juegos Nacionales, único proponente.
 
En este caso se detectó un sobrecosto cercano a los 1900 millones de pesos, entre otras anomalías, lo cual motivo de investigación.
Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004, dice la Fiscalía.