Para el próximo 20 de abril está programada por parte de la Fiscalía General de la Nación la entrega ante el Juzgado Primero Penal de Conocimiento 300 nuevas pruebas en contra del ex alcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez Ramírez, hechos que esperan sean tenidos en cuenta en la audiencia de inicio del juicio oral.

Lo nuevo del caso contra Luis H. Rodríguez se registró ayer en el Juzgado Primero Penal donde la fiscal Segunda Especializada acusó a Rodríguez por los delitos de interés indebido, contrato sin cumplimiento de requisitos, prevaricato y peculado a favor de terceros por la adjudicación del contrato 074 de 2015 para la remodelación y construcción de la Unidad Deportiva de la calle 42.

Los protagonistas en las audiencias son los mismos, Jorge Alexánder Pérez, alias ‘El Chatarrero’, Orlando Arciniegas, el Grupo Ortiz; el exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre; el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel; Leonardo Valero y otros funcionarios en la repartición de la “comisión de éxito” equivalente al 10% del contrato distribuido el 6% para el alcalde y 4% restante en el grupo de la alcaldía donde están los arriba mencionados.  

“Luis Hernando Rodríguez Ramírez, sabía lo que estaba sucediendo y tuvo voluntad para que los hechos sucedieran, ya que tuvo conocimiento de las alertas tempranas a través de Coldeportes, la Oficina de Transparencia, los medios de comunicación e incluso personas que directamente se le acercaron para informarle lo que estaba sucediendo”… “Conocía las falencias de los diseños, los cuestionamientos públicos a Orlando Arciniegas por la contratación en la Edat en la Gobernación, el cuestionamiento al contratista a Jorge Alexánder Pérez, alias ‘El Chatarrero’, de la compra de la concretera a Óscar Berbeo con quien Luis H. tiene parentesco de afinidad, las suspensiones de la licitación 028 de las obras de la 42 por oficios del Zar Anticorrupción y en estancia subsiguientes en la etapa de ejecución, que si bien es cierto no es materia de esta investigación, sí se detecta el conocimiento de interés particular, no general, que había en la contratación con la que se procede, dado el manejo que le dieron al tema de las excavaciones, el manejo de los escombros y el desvío de dineros para beneficios de terceros, causando un detrimento patrimonial al municipio cuya protección estaba en sus manos”, indicó la Fiscal en parte de su intervención.