Durante la campaña electoral, la hoy alcaldesa del Líbano Beatriz Valencia no se cansaba de pregonar que en su equipo de colaboradores la prioridad la iban a tener profesionales del municipio.

Este anuncio hecho con justicia, después de lo vivido en la pasada Alcaldía donde la mayor parte del equipo de gobierno y asesores estuvo integrado por personal foráneo, cayó bien en distintos sectores, incluso en aquellos que no apoyaban en ese momento a la hoy alcaldesa Valencia.

“En el Líbano tenemos gente preparada, hay jóvenes que han estudiado y merecen una oportunidad, el alcalde del periodo pasado, uno de los peores alcaldes que ha tenido el Líbano no hizo sino traer gente de afuera, cuando aquí hay profesionales capacitados y más cuando el desempleo es alto, y ahora con preocupación vemos que la señora Alcaldesa ha decidido seguir también los pasos del anterior alcalde”, le dijo a El Cronista.co un exconcejal.

Ciudadanos inconformes con lo que consideran incumplimiento de la actual Alcaldesa del Líbano con lo que prometió en campaña, le hicieron llegar a El Cronista.co algunos contratos en los que, según ellos, se evidencia no sólo la contratación de personas de afuera sino una seguidilla de contratos que consideran injustificados. “La Alcaldesa ha entrado en la práctica de feria de contratos”, señaló uno de los denunciantes.

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El contrato de Adriana Avilés

Un contrato que ha llamado la atención y que a decir de los denunciantes es la fiel muestra de que la alcaldesa descarta a los profesionales del Líbano, tiene que ver con el contrato otorgado a Adriana Avilés Alvarado, quien nunca ha residido en el Líbano.

Según el objeto del contrato por $20 millones para ejecutar en cuatro meses, como administradora de empresas y especialista en gerencia de mercadeo, Adriana Avilés asesorará al despacho de la Alcaldesa para el ejercicio de marketing gubernamental con el objetivo esencial de posesionar los propósitos y posibles ejecutorias ante la comunidad en el marco del plan de desarrollo.

“No entendemos cómo una persona que desconoce por completo el Líbano, va a poder brindar una asesoría en algo tan determinante para el municipio como es el plan de desarrollo”, señaló uno de los denunciantes.

De Avilés se sabe que reside en Ibagué, su ciudad de origen, que políticamente ha militado en el partido Liberal, Cambio Radical, y que en la campaña electoral de 2023 para la Gobernación del Tolima apoyó a la hoy gobernadora Adriana Magali Matiz.

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Contratos sector cultural

Otros contratos cuestionados por algunos sectores de la ciudadanía libanense están relacionados con el sector cultural y turístico. Por ejemplo, los denunciantes piden a la alcaldesa claridad sobre el contrato de fecha 22 de febrero otorgado a Jhoan Sebasthyan Ocampo Soto, que aparte de ser amigo de Heriberto Valencia Gómez, hermano de la Alcaldesa, aseguran los denunciantes, tampoco es del Líbano.

El contrato de Ocampo Soto está por $18 millones para ejecutar en 4 meses. Dentro del objeto del contrato aparecen actividades como crear y asesorar programas de Podcast regionales, actualizar la orientación misional de la cultura, apoyar y asesorar la coordinación de educación y cultura, referente a los proyectos de publicaciones literarias, entre otras actividades.

La denuncia puntual que se hace sobre este contrato tiene que ver con la idoneidad de la persona contratada y en ello solicitan a la alcaldesa Valencia las explicaciones pertinentes, además de la extrañeza que causa esta contratación toda vez que es la primera vez que la Alcaldía del Líbano contrata asesores en la oficina de la coordinación de cultura. Se trata de dos contratos para cumplir ese fin. “Creemos que son contratos sólo para pagar favores políticos”, señalan los denunciantes.

Contrato para el programa de libertad religiosa

Beatriz Liliana Londoño Jiménez con cédula de ciudadanía de Macedo Antioquia el pasado 28 de febrero le fue otorgado el contrato para cumplir labores de enlace del programa de ‘Libertad Religiosa del Líbano’.

El contrato tiene un valor de $9 millones 600 mil pesos para ser ejecutado en 4 meses. Tiene como finalidad hacer seguimiento a la funcionalidad del comité municipal de libertad religiosa desde la perspectiva de los derechos humanos.

Sobre este contrato igualmente manifiestan los denunciantes que la alcaldesa Beatriz Valencia, lo mismo que sobre los anteriores, se debe entregar a la ciudadanía un informe detallado de los lugares de procedencia y las competencias de estas personas contratadas.