El Ministerio de Educación, en cabeza de Aurora Vergara Figueroa, desde junio ha venido realizando los 'Diálogos por la Educación Superior' en distintas universidades a lo largo de todo el país, con el fin de deliberar y generar consensos en torno a lo que debe incluirse en la Reforma integral a la Ley 30 de 1992 que se presentará al Congreso de la República en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio.

Algunos de los ejes que se han abordado son: gobierno universitario, bienestar, permanencia, enfoques diferenciales, inclusión, interculturalidad, regionalización, cobertura, calidad, pertinencia, dignificación docente, investigación y financiamiento del Sistema de Educación Superior pública, entre otros. Según el Ministerio de Educación, la Reforma a la Ley 30 de 1992 permitirá incrementar el financiamiento de las instituciones de educación superior, la política de gratuidad y la dignificación de la labor docente, además de llevar oferta de educación superior a los territorios que más lo requieren.

Respecto a ello, son varias las universidades que han visto con buenos ojos la iniciativa del Gobierno y se han sumado a esta. Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Industrial de Santander, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad de Nariño, expresaron su apoyo de manera oficial a la iniciativa.

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“Manifestamos nuestra disposición de participar en el proceso de construcción colectiva de un proyecto de ley que reforme integralmente la Ley 30 de 1992, y llamamos al conjunto de las comunidades universitarias a sumarse al análisis y a hacer propuestas de actualización de esta Ley. Este proceso es una excelente oportunidad para consolidar a la educación como el motor del cambio social que el país anhela y para que la gestión del conocimiento diseñe caminos al futuro”, se lee en el comunicado de los entes universitarios.

Aunque el apoyo fue manifiesto, también señalaron puntos importantes a tener en cuenta antes de formular el proyecto: “Hace falta reflexionar sobre el sistema en su conjunto, definir un horizonte común y establecer los vasos comunicantes de este con los demás sectores de la sociedad. La nueva ley de educación que surja de esta construcción colectiva debe poner en el centro al estudiante y su formación integral. Así ocurre en los mejores sistemas de educación del mundo, sistemas pensados para la formación a lo largo de la vida. Necesitamos un sistema más flexible, con entradas y salidas diversas, articuladas con los demás niveles educativos”.

Los académicos afirman que esta ley deberá corresponderse con unos principios coherentes y factibles y no dejarse llevar por la tentación de llegar al exceso de la reglamentación particular, ya que la nueva ley debe ser una auténtica política de Estado y para ello se deben consolidar acuerdos en tiempos razonables sin los apuros que parece tener el Ministerio, quien planea presentar el proyecto en menos de dos semanas.

“Es tan importante el papel que debe jugar la educación superior en la transformación de Colombia, que no podemos permitirnos el error de presentar un proyecto de ley sin la discusión, la legitimidad y la pertinencia que nuestra realidad nacional demanda”, agregan.

Concluyen el comunicado reconociendo el esfuerzo que vienen realizando organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales para presentar sus aportes a este proceso de construcción colectiva. Otras universidades públicas como la Universidad del Tolima, ya han realizado asambleas estudiantiles en donde se expuso y dialogó sobre esta iniciativa del Gobierno Petro.