“De alguna manera –por encima de matices que llevaron a los ciudadanos a votar Sí, a votar No, o a no votar–, la sociedad se está uniendo en torno a una necesidad colectiva, que más que necesidad es urgencia: alcanzar la paz y hacerlo pronto”

Así mismo, el mandatario de los colombianos indicó que hasta hoy jueves el gobierno recibirá las propuestas de vertientes disidentes del acuerdo para que sean trasladadas a la mesa de conversaciones en la Habana a partir de esta semana.

“El trabajo de recoger, estudiar, ordenar y depurar todas las propuestas que se han recibido comenzó prácticamente al día siguiente del plebiscito. Mucha, muchísima gente, lleva más de dos semanas en esta tarea.” indicó.

Sobre el particular, Santos explicó que se han recibido propuestas razonables, algunas difíciles pero no imposibles, y otras que son totalmente inviables porque parten de supuestos inaceptables.

“Por ejemplo, las que sugieren que aquí nunca hubo conflicto armado, que nunca hubo una guerra, y que –por consiguiente– NO se pueden aplicar ni el derecho internacional humanitario ni la justicia transicional, que se creó precisamente para ayudar a resolver los conflictos armados.”

De otra parte, sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz no debe ser vista ­como una amenaza para las jurisdicciones previstas en nuestra Constitución, pues aquella no suprime ninguno de los órganos previstos en la Carta Fundamental ni en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Además, reiteró que tampoco afecta el presupuesto de la Rama Judicial, ni constituye una desmejora de las condiciones laborales de los funcionarios y empleados de la Rama.

“Por el contrario, la Jurisdicción Especial para la Paz –en el marco de la Justicia Transicional– se encuentra orientada hacia la aplicación de la ley y la vigencia del Estado democrático de Derecho. ¡Ni más, ni menos!” añadió.

Finalmente invitó a los jueces y magistrados a que sigan adelante con la "Misión Justicia", iniciativa que según el mandatario ayudará a desarrollar propuestas de mejoramiento de la justicia, definir políticas públicas para ponerlas en marcha, y recomendará buenas prácticas que se traduzcan en una justicia pronta, cumplida, de calidad y cercana al ciudadano.