Con motivo de la consulta anticorrupción que se realizará este domingo 26 de agosto se desplegará un dispositivo de seguridad conformado por 880 uniformados de la Policía Metropolitana y 120 integrantes del Ejército Nacional, quienes se encargarán de garantizar la tranquilidad durante los comicios.

De los 71 puestos de votación que estarán habilitados para las votaciones, la Policía Metropolitana custodiará 63 puntos, 54 de ellos ubicados en la zona urbana y 9 en el sector rural.

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Por su parte, el Ejército Nacional custodiará los puestos de votación rurales ubicados en Dantas, Laureles, Gamboa, Tapias, Toche, Juntas, Villa Restrepo y San Bernardo.  

Además de este despliegue, a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 25 de agosto estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes. Esta restricción irá hasta las 6:00 de la mañana del próximo lunes 27 de agosto.  

“Ya tenemos todo dispuesto y coordinado con las diferentes instituciones. Queremos hacer un llamado para que todos los ciudadanos salgan de sus casas a votar la consulta. Este es un mecanismo que nos permitirá ratificar la lucha contra la corrupción”, aseguró el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

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En la consulta podrán participar 408.144 ibaguereños. Por ese motivo, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitará un total de 1.060 mesas de votación en toda la ciudad.

“Es necesario aclarar que el puesto del barrio Industrial se trasladará a la cancha múltiple del sector. Además, el punto de votación del colegio José Joaquín Flórez Hernández se trasladará hasta el salón comunal del barrio San Martín”, aseguró Carlos Alberto Hoyos, secretario de Gobierno encargado.

De igual modo, para garantizar la transparencia en el proceso, la Registraduría seleccionó 7.025 jurados de votación (6 por cada mesa), de los cuales el 10 % serán remanentes.

La consulta consta de 7 preguntas relacionadas con temas como la prohibición para que personas condenadas por corrupción contraten con el Estado; mayor participación ciudadana en el manejo del presupuesto público; veeduría sobre la gestión de los congresistas y reducción de su salario; contratación transparente; entre otros aspectos.

Para que esta iniciativa sea válida es necesario que en las votaciones participe al menos el 30 % del censo electoral del país, es decir, cerca de 12 millones de colombianos.