En Colombia, el vencimiento de términos ocurre cuando el proceso penal se extiende más allá del tiempo legal permitido sin avances significativos, lo que puede resultar en la libertad del acusado, incluso en delitos graves como el abuso sexual infantil.

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Este mecanismo legal es hoy una preocupación latente para un grupo de madres en Ibagué, quienes denunciaron penalmente presuntos abusos sexuales cometidos contra sus hijas por un funcionario de un jardín infantil ubicado en el sector de Cutucumay en Ibagué. Además del dolor, las familias han enfrentado una prolongada lucha contra la presunta negligencia institucional. Por ejemplo, La última audiencia que era el 10 de junio, fue cancelada sin aviso previo.

“Tengo en mi WhatsApp las conversaciones con el defensor de víctimas, donde yo le pido que me comente cómo va el caso, qué ha pasado con las audiencias, y él no me responde. Solo me respondió dos mensajes por la cancelación de la audiencia de junio, de la cual a mí no me avisaron”, contó una de las madres afectadas, que además envió un QR denunciando al defensor público designado, por falta de diligencia en el caso.

Además, las denunciantes alertan que las audiencias con frecuencia se suspenden porque los jueces o fiscales se les presentan inconvenientes o porque deben atender otros casos que, según les han llego a decir, “son más urgentes”. Esta constante dilación genera temor de que se configure un vencimiento de términos y se ordene la liberación del presunto agresor, identificado como Luis Gabriel Urrea García, quien, al parecer, ya tenía antecedes de abusos contra otras menores.

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Un llamado urgente

El presunto agresor fue capturado en octubre de 2023 por actos sexuales abusivos en un contra tres niñas pequeñas. Según las denunciantes, Luis Gabriel Urrea era cercano a las familias y se habría valido de su vínculo para manipular y silenciar a las víctimas. También aseguran que varias hermanas de Urrea trabajaban en el lugar, lo que, según indican, podría explicar la falta de denuncia por parte de la institución.

Las madres de las víctimas hacen un llamado urgente a los padres y madres cuyos hijos asistieron al jardín donde trabajó Luis Gabriel Urrea entre 2020 y 2023 para que hablen con sus hijos, les practiquen exámenes médicos o psicológicos si es necesario y, en caso de identificar situaciones sospechosas, aporten al proceso judicial.