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El Tolima defiende sus rentas ante el fuerte reajuste de impuestos a los licores
Victoria Castillo, gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, atendiendo a medios de comunicación locales.
Victoria Castillo, gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, lanzó una alerta sobre el futuro financiero de la entidad debido a una serie de incrementos en los impuestos que calificó como “insostenibles”. El cambio más drástico corresponde al IVA, que pasará del 5% al 19%, lo que provocará un aumento significativo en el precio de productos como el aguardiente Tapa Roja. Según la gerente, esta medida reducirá el consumo y afectará la estabilidad financiera de la fábrica.
Además de este impuesto, la industria licorera del Tolima enfrenta otros “golpes” económicos simultáneos. Castillo explicó que los costos de producción se han incrementado por el alza del salario mínimo y por nuevos ajustes en los impuestos específicos que gravan el alcohol. Todo este conjunto de gastos adicionales termina siendo asumido por el consumidor final, lo que pone en riesgo las metas de ventas proyectadas para este año.
Ante esta situación, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha asumido una “defensa férrea” de los recursos del departamento. La mandataria sostiene que estas decisiones, tomadas desde el gobierno nacional, no respetan la autonomía de las regiones y le restan al Tolima ingresos que legítimamente le pertenecen y que garantizan el funcionamiento del departamento.
“El impacto más grave no está en las botellas, sino en la inversión social”. Castillo advirtió que, si las ventas caen, el departamento dejará de recibir cerca de $11.000 millones este año, recursos ya destinados a financiar hospitales, escuelas y programas deportivos. “Los recortes afectan directamente la salud y la educación de los tolimenses”, enfatizó la gerente, subrayando que la pérdida de estos ingresos debilita proyectos sociales clave en la región.
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Finalmente, se alertó que, cuando el licor legal sube de precio de manera exagerada, los consumidores tienden a buscar opciones más baratas, lo que abre la puerta al contrabando y al licor adulterado. Esto genera un doble problema: el departamento pierde dinero porque los productos ilegales no pagan impuestos y, al mismo tiempo, se pone en riesgo la vida de los ciudadanos que consumen bebidas sin controles de calidad.
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