La preocupación y incertidumbre caminan por los salones de la Universidad del Tolima (UT)  en estos últimos días. A la inminente salida del rector Omar Mejía Patiño se suma una posible andanada de demandas que terminarían de agudizar la crisis de la única universidad pública del departamento.

Los días de Omar Mejía Patiño como rector de la Universidad del Tolima (UT) parecen estar contados. El Tribunal Administrativo del Tolima tumbó la figura de "rector interino" que se inventó el Consejo Superior para posesionar a Mejía Patiño por un año más luego de que venciera su periodo como encargado.

Sin embargo, los problemas de Mejía Patiño vienen de tiempo atrás. Desde un inicio Omar Mejía no debió ser nombrado ni como rector encargado ni como "rector interino", pues no cumplía con los requisitos exigidos para llegar a ocupar el cargo. Al momento de evaluar la hoja de vida Mejía Patiño se le calificó como experiencia administrativa un trabajo en el cual se desempeñó como conjuez, cuando en realidad dicha actividad no valdría como experiencia administrativa sino como simple experiencia laboral.

Omar Mejía ya había utilizado sus conocimientos para aferrarse a su puesto

Para poderse posesionar como decano en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, siendo profesor de planta de la UT, el abogado Mejía utilizó una figura de "comisión administrativa", la cual, según abogados consultados, fue torcida en su naturaleza para permitirle llegar a ese cargo.

La naturaleza de la "comisión administrativa" es que una persona que trabaja en el sector público pide una licencia para trabajar en otra parte del mismo sector público, no para pasar del público al privado. Mejía utilizó la "comisión administrativa" para llegar como decano una universidad privada, es decir al sector privado La función pública no debe ver afectada por la vacante porque el funcionario debe ocupar otro lugar en el sector público. Mejía no respetó eso, como tampoco lo hizo cuando pretendió perpetuarse en la rectoría de la UT.

Algo similar cuando sucedió cuando Mejía Patiño aceptó el dinero para una comisión de estudios de doctorado y, por las dinámicas propias de la vida laboral de Mejía, rechazó y devolvió el dinero al tiempo. Esa indecisión le quitó el lugar a otro profesor de adelantar estudios de doctorado.

La larga historia de cargos ilegítimos

Cuando Inés Johana Pinzón, esposa del rector Mejía, fue electa como secretaria general UT presentó en la convocatoria un título de Master en Derecho Sanitario y Bioética de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ese título no era homologable en Colombia y solo era legal en España, sin embargo asumió su cargo administrativo. Tanto así que en el 2015 finalizó una segunda maestría en bioética, muy similar a su primera maestría, tal vez profundizando conocimientos, tal porque sabía de los impedimentos que tendría porque su maestría no era válida.

Entonces, la señora Inés Johana Pinzón no cumplía con los requisitos para ser profesora de planta de la UT, no cumplía con los requisitos para ser secretaria general del UT ni cumplía con los requisitos para ser directora del Consultorio Jurídico de la UT. Sin embargo lo fue.

Inés Johana Pinzón, además, tiene unos procesos fiscales porque recibió un presupuesto dentro de un grupo de investigación y ella lo gastó comprando 40 libros de su esposo, el actual rector. El proceso de responsabilidad fiscal avanza en la Contraloría Departamental.

Las demandas que se aproximan

A la UT se le pueden venir decenas de demandas que la podría quebrar en un par de años. Todos los despidos, nombramientos y modificaciones que se han realizado durante el rectora Omar Mejia Patiño han creado situaciones jurídicas que están viciadas de nulidad.

Por poner un ejemplo, las personas que han sido separadas de sus cargos por Mejía Patiño podrían argumentar que las acciones fueron firmadas por un "rector interino", cuya figura jurídica no existe.

En la Universidad del Tolima tienen pensado para la restructuración despedir a todos los funcionarios y contratar solo a los necesarios. Así sean despedidos y contratados a las dos horas, los funcionarios pueden alegar despido sin justa causa y pedir indemnizaciones.

El rector tenía pensado subir los sueldo y al mismo tiempo los requisitos de los cargos altos de la Universidad, de rango 16, 17 y 18. Mientras que de los cargo bajos, rango 11, 12 y 13, le piensan bajar el sueldo, lo cual significaría una desmejora en sus condiciones laborales. En derecho laboral básico se sabe que está prohibido desmejorar las condiciones fácticas y económicas, entonces todos podrían demandar a la Universidad.

Preparando los abogados para las demandas

Con todo lo expuesto el rector ya sabe que los problemas que vienen para la Universidad son inminentes. En este momento la Universidad se encuentra contratando, en plena Ley de Garantías, que según ellos no los cobija debido a la autonomía universitaria, un grupo de abogados para que se encarguen de "la defensa jurídica de la universidad en los diferentes procesos laborales y de relevancia institucional". El gasto sería de $130 millones en abogados que al parecer defenderán a la UT de errores de la actual administración.

El Consejo Superior no piensa reconocer el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima

En la primera reunión del Consejo Superior de la Universidad del Tolima luego del fallo del Tribunal Administrativo del Tolima el aún rector rindió cuentas de su administración. Se refirió a la acreditación de alta calidad de 15 programas, todos ellos acreditados en la administración anterior,  la disminución del pasivo de 18 mil millones y una reducción de los gastos por cuenta de retiros de cargos que se consideraban innecesarios.

Se supo que los representantes de presidencia, del Ministerio de Educación y de las directivas propusieron aprobar el calendario para elección del nuevo rector, sin embargo Alexander Martínez Rivillas, representante de los docentes, y quien desde el inicio de la rectoría se ha encontrado muy afín de Mejía Patiño, dijo que esta decisión sería contraproducente para la reforma estatutaria que adelanta la UT. Esa decisión se podría interpretar como una manera de sostener al rector Mejía Patiño en su cargo mientras encuentran otra argucia legal como las que ya ha utilizado. (Puede leer: La nulidad del nombramiento del rector de la UT)

Finalmente el Consejo Superior decidió no aprobar la reforma estatutaria ni la reestructuración administativa para no asumir riesgos frente a la Ley de Garantías NI frente a la situación de ilegitimidad de la "interinidad" del rector Omar Mejía.

La decisión sobre el  proceso de reestructuración administrativa y la reforma estatutaria quedó aplazada para junio del 2018, cuando se espera que haya más claridad sobre quién presidirá las riendas de la UT.

Estas decisiones del Consejo Superior fueron interpretadas por miembros de la comunidad universitaria como un abandono del actual rector frente a la situación en que se ha visto inmiscuido. Tan solo Alexander Martínez Rivillas pareció intentar soltarle un salvavidas, sin embargo parece que no va a ser suficiente.

El rector Omar Mejía Patiño continuará en el cargo mientras se pronuncia el Consejo de Estado sobre la apelación realizada por parte de la UT y de la Gobernación del Tolima.

Así las cosas, parece que se avecinan tormentas para la principal universidad del Departamento del Tolima, todo por culpa del ansia de escalar en la escalera burocrática de la académica de unos pocos.