El departamento del Tolima enfrenta una severa emergencia ambiental y económica tras una racha de conflagraciones que ha golpeado con fuerza su territorio. De acuerdo con el reporte oficial entregado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, aunque la mayoría de las emergencias han sido superadas, los estragos acumulados reflejan la magnitud de una crisis que mantiene en alerta máxima a las autoridades departamentales y organismos de socorro.

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Las labores de contención se concentran actualmente en el cerro Las Mercedes, una zona estratégica ubicada entre las jurisdicciones de Suárez y Carmen de Apicalá. La mandataria advirtió sobre la peligrosidad de este foco activo, cuya eventual propagación amenaza con extenderse a cuatro municipios colindantes. Para mitigar el avance del fuego, un operativo coordinado entre bomberos, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial realiza constantes descargas de agua e intervenciones en tierra.

Este panorama representa el punto crítico de una crisis que llegó a registrar hasta 31 incendios simultáneos en localidades como San Luis, Valle de San Juan y Ortega. Aunque el esfuerzo conjunto de los cuerpos de rescate logró la liquidación de dichos frentes tras agotadoras jornadas de trabajo, la atención permanece fija en el cerro Las Mercedes para evitar que la cifra de municipios afectados continúe escalando.

El impacto sobre la economía local es drástico, acumulando una afectación preliminar que supera las 11.700 hectáreas y que podría incrementarse tras las evaluaciones en curso. El sector agropecuario, principal motor productivo de la región, registra pérdidas estimadas en más de 41.000 millones de pesos, con cerca de 4.947 hectáreas de cultivos de limón, mango, cachaco y zonas de pastoreo completamente reducidas a cenizas.

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Ante la gravedad de los hechos, el gobierno departamental hizo un llamado contundente a la ciudadanía para erradicar las quemas supuestamente controladas. La administración recordó que provocar conflagraciones forestales constituye un delito estipulado en el Código Penal, el cual contempla penas de prisión de entre 2 y 22 años, además de sanciones económicas que pueden superar los 1.200 salarios mínimos legales vigentes.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima