Hay desespero porque la doble calzada Ibagué-Cajamarca que pintaba para convertirse en una realidad en un corto plazo, se está alargando más de la cuenta. Ante esos reclamos de diferentes sectores, la concesionaria que tiene a cargo este proyecto de infraestructura vual, la APP-GICA en las últimas horas se pronunció a través de un comunicado.

Bajo el título “Estado actual del proyecto GICA”, la concesionaria en cinco puntos explica los pormenores presentados y que han imposibilitado el avance firme en la ejecución de la obra de acuerdo con el cronograma trazado.

Dice la APP-GICA que si bien se celebró el contrato con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), “ninguna de las dos partes, se puede apartar de las políticas  del gobierno  nacional  y adicionalmente de los demás lineamientos que expiden los entes que ejercen seguimiento, vigilancia y control tales como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Corporación Autónoma del Tolima - Cortolima, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la Nación, Ministerio Público y autoridades judiciales y administrativas del país”.

Uno de los escollos presentados en la ejecución de este proyecto vial es la discusión que ya cumple más de cinco años, y tiene que ver con el paso de la segunda calzada por el centro del casco urbano de Cajamarca, donde una parte de la comunidad se opone a esta propuesta y para ello interpuso una Acción Popular que fue fallada en contra de los accionantes en enero de 2018 y que fue apelada y que hoy “se encuentra a instancias del Consejo de Estado para decidir”.

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Sobre el tramo entre el puente ‘Álvaro Mutis Jaramillo’ y el municipio de Cajamarca, señala la APP-GICA “fue archivada (sic) por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, lo cual impidió continuar con el diseño propuesto por el Concesionario para la continuidad del proyecto”.

En ese orden, la concesionaria que tiene a cargo este trascendental proyecto de infraestructura vial del país, afirma que la continuidad de la obra entra a depender de un Tribunal de Arbitramento que se tramita en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. “Por las anteriores razones y en aplicabilidad del clausulado contractual, se tramita actualmente un Tribunal de Arbitramentos en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para definir la continuidad de las intervenciones necesarias tanto para la comunidad como para el Contrato de Concesión”, concluye la concesionaria.

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