El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que las reformas prioritarias del gobierno del presidente Gustavo Petro para esta legislatura incluyen las reformas en salud y laboral, las cuales se espera que sean aprobadas antes de finalizar 2024.

Estas dos reformas han sido objeto de discusión durante los primeros dos años del mandato, sin llegar a un consenso final debido a la postura inflexible del gobierno, que ha impedido la introducción de modificaciones a los textos propuestos por los demás actores dentro del sector. Esta rigidez ha mantenido las tensiones y ha llevado a que las discusiones se estanquen en un punto muerto.

Entre las iniciativas destacadas para esta legislatura se encuentra la ley de justicia tarifaria para los servicios públicos, centrada en el usuario como factor clave para el desarrollo y prestación de servicios. Es importante recordar que 12,8 millones de personas enfrentan dificultades para acceder a agua potable, y 818 mil hogares carecen de servicios de energía.

El plan de reactivación económica, es la misma reforma tributaria, otra iniciativa polémica que se discutirá en el Congreso porque en el primer año se supone con la propuesta aprobada no volvería a pasar por el legislativo. Aunque esta reforma es necesaria debido a fallos en la proyección de impuestos y el sostenimiento del subsidio al diésel, los empresarios exigen una mayor dinamismo del gobierno para mejorar los diferentes sectores productivos del país que ayuden verdaderamente a dinamizar la economía

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En cuanto a la reforma de salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo insiste en transformar las EPS en un nuevo sistema basado en el modelo implementado con los profesores a través del FOMAG. A pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo complicada, y se espera que esta vez se logre un consenso real, dado que el sector requiere cambios estructurales significativos y la inclusión de las opiniones de los diversos actores del sistema de seguridad social.

La reforma a la justicia enfrenta un reto aún mayor, pues el deficiente aparato judicial contribuye a la inequidad en el país. La falta de agilidad en los procesos judiciales genera un ambiente problemático que afecta a todos los colombianos, disminuyendo la esperanza de justicia. El desafío consiste en consolidar una propuesta que incluya las 24 recomendaciones de los comisionados y las 524 sugerencias adicionales de la ciudadanía.

La reforma educativa estuvo a punto de ser aprobada en la legislatura anterior, pero finalmente no se concretó. Aunque el terreno es más propicio para esta reforma que para la de salud, aún debe abordar temas fundamentales como la colaboración con el sector privado. El mayor reto es mantener a los estudiantes de primaria y secundaria en el sistema educativo. La tasa de deserción en 2023 fue del 3,93%, según el Ministerio de Educación, y las dificultades para ingresar a la educación superior resultaron en una cobertura del 55,4% en ese mismo año.

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Analistas políticos sugieren que el cambio de ministros y la recomposición de la unidad nacional podrían facilitar el avance en estas reformas. La designación de presidentes en el Senado y la Cámara de Representantes será crucial para determinar si se pueden alcanzar consensos reales y transformar estas propuestas en leyes de la República. Después de dos años con escasos avances y amenazas de una Constituyente, el éxito dependerá de la capacidad para generar acuerdos efectivos.

Por Oscar Viña Pardo