De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Morales, en promedio, todos los días un sindicado o condenado se está escapando de su casa, en algunos casos para seguir delinquiendo.

El beneficio que otorgan los jueces a las personas que cometen delitos menores, parece no estar cumpliéndose en la capital tolimense. Y no es para menos. Esta redacción conoció el caso de un sujeto con el alias de “Alvarito” acusado de hurto y quien para sorpresa de muchos ha sido capturado cuatro veces en una semana por la policía. Durante los operativos de control al condenado lo han visto por la calle, desarrollando actividades comunes y corrientes como si gozara de libertad.

Para Nilson Fabián Castellanos Rodríguez, abogado penalista y director de programa de Derecho de la Universidad del Tolima, con una sola vez que se viole la medida, el juez encargado del proceso deberá levantar el beneficio de casa por cárcel y deberá enviarse al infractor a un centro penitenciario. Sin embargo, casos como el de “Alvarito” demuestran que así se transgreda la ley las veces que sea, el beneficio sigue en pie.

Por otra parte, Castellanos manifestó que el Instituto Nacional Penitenciario Inpec, cuenta con limitaciones administrativas que le han impedido realizar el respectivo monitoreo de los presos que son enviados a sus viviendas para cumplir su condena.

“Desde el punto de vista administrativo, el Inpec no tiene cómo verificar si se cumplen todas las medidas privativas de la libertad que se encuentran en el domicilio. Aplica lo mismo para los casos de las zonas rurales, pues el instituto tampoco tiene capacidad de desplazarse a verificar si la persona está cumpliendo con la medida”, indicó.

No obstante, el profesional del Derecho advierte que sería un grave error enviar a todas las personas que enfrentan un proceso judicial a la cárcel ya que se empeoraría la situación carcelaria del país, aumentando el sobrecupo y hacinamiento que tiene colapsadas a la mayoría de penitenciarias. Por esta razón recomendó que cuando se expidan este tipo de leyes, el Gobierno deber tener en cuenta las capacidades administrativas para hacerlas cumplir.

Lo cierto es que la situación preocupa y más aún cuando las cifras de fugas se han disparado este año en Ibagué. De allí seguramente viene colgada la inseguridad que hoy por hoy azota a la ciudad. Como diría el adagio popular “La ley se la están pasando por la galleta”.