Lo que comenzó hace décadas como una modalidad de préstamo informal en Medellín terminó convirtiéndose en una renta criminal con presencia en distintas regiones de Colombia y varios países. La captura en Panamá de alias ‘Carlos’, señalado como tercero al mando de la banda La Inmaculada, de Tuluá, permitió a las autoridades conocer parte de la forma en que estas estructuras estarían compartiendo conocimientos para fortalecer el denominado ‘gota a gota’.

Según la Policía Nacional, el hombre viajaba semanalmente a Medellín para reunirse con integrantes de Los Chatas y Pachelly, donde presuntamente recibía instrucciones sobre cómo profesionalizar el cobro de pagadiarios.

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“Viajaba constantemente a Medellín para realizar coordinaciones con estos grupos criminales, de quienes aprendía doctrinas para implementarlas en el desarrollo de sus acciones delictivas”, explicó el coronel Mauricio Arley Herrera, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía.

Las autoridades señalan que, tras estos encuentros, en Tuluá se habría establecido incluso dónde debían comprar sus productos algunos comerciantes. Quienes se negaban podían ser víctimas de atentados, mientras que las extorsiones llegaban a superar los $1.000 millones.

Una renta que se exportó

El ‘gota a gota’ no se quedó en Medellín y el Valle de Aburrá. De acuerdo con investigadores citados en la investigación, estructuras colombianas han llevado esta modalidad a países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos.

Uno de los antecedentes ocurrió en 2022 en Tacuarembó, Uruguay, donde fueron capturados 25 colombianos relacionados con una red de préstamos ilegales. La modalidad incluía créditos con intereses del 20%, muy por encima de las condiciones ofrecidas por los bancos locales.

Según los investigadores, algunas organizaciones enviarían integrantes para capacitar a grupos locales en la administración, entrega y cobro de los préstamos. También existirían personas que, de manera independiente, migran y enseñan el modelo.

Entre las estructuras señaladas en distintos países aparecen Los Chatas, Pachelly, El Mesa, La Oficina y Robledo, además de grupos como La Silla, Altos de Aranjuez y otras organizaciones locales.

En Colombia, además de Los Chatas y Pachelly, la investigación menciona a La Imperial, con presencia en Cali; El Mesa, en municipios de Boyacá y Soacha; y a Robledo, Los Mondongueros y Los Machacos, relacionados con operaciones en el Caribe colombiano.

“El pagadiario es un modelo que tiene origen en Medellín, incluso desde las épocas del cartel de Medellín, pero con sello de exportación. Lo clave es que puede generar ganancias multimillonarias a estas estructuras”, afirmó Luis Fernando Quijano, director de Corpades.

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Algunas estimaciones citadas ubican las ganancias de este negocio en alrededor de 120 millones de dólares al año, unos $380.000 millones, principalmente por los elevados intereses, que en diferentes lugares pueden alcanzar entre el 20% y el 25%.

La antropóloga Laura Falla Mejía, quien investigó el fenómeno, explicó que estas redes se fortalecieron especialmente entre poblaciones vinculadas a la informalidad y que su expansión comenzó a acelerarse desde finales de la década de 2000.

¿Cómo funciona?

El esquema suele tener varios niveles. Primero está quien administra el capital; después, un encargado de gestionar cuentas, balances y cobros; luego aparece un supervisor que coordina recaudos y nuevos préstamos; y finalmente están las personas encargadas de entregar el dinero y cobrar las cuotas.

Así, una práctica de financiación informal terminó convirtiéndose en una estructura organizada que, según las investigaciones citadas, ha encontrado en la necesidad económica de miles de personas una fuente de rentas ilegales que ya trasciende las fronteras colombianas.