Más de 30 mil millones de pesos del año 2018, auditados y reconocidos para pagar en el Acuerdo de Punto Final, son los que reclaman en la actualidad las IPS Clínica Tolima, Avidanti, Medicadiz, Sharon, Umit y Unicat,   instituciones que han hechos grandes esfuerzos para poder afrontar la atención de pacientes con Covid19 como lo vienen haciendo hasta el momento. 

A la fecha, la cartera total de las IPS, integrantes del clúster de salud, asciende a los $103.289.323.01, de los cuales esos 30 mil 448 millones de pesos son de hace dos años. Estos recursos, insisten en la misiva, permitirán  cubrir los costos, gastos y deudas ocasionadas por nuestra operación. 

Dentro de las empresas integrantes del Clúster de la Salud de la Cámara de Comercio de Ibagué  estas son las cifras de la cartera de entidades que tienen mayor representación:

Piden los gerentes de las IPS al gobierno nacional y seccional “un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear diferencias y deudas históricas entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez, sin que esto represente una restricción al derecho a la salud de los colombianos. 

Por lo anterior se hace necesario que esta secretaría dinamice la llegada de estos valores ordenados por el Acuerdo de Punto Final lo antes posible y puedan llegar a una efectiva prestación del servicio, pues los recursos han llegado a las EPS, pero algunas de ellas no se han manifestado en pago a las IPS. 

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Cabe destacar que la pandemia ha generado un desabastecimiento, acaparamiento, precios exhorbitantes, necesidades elevadas de adquisición de elementos de protección personal, insumos, equipos biomédicos, materiales y medicamentos; elementos que necesitan comprar y eso solo se pueda dar si les abonan algo del lo adeudado. 

No hay excusa que valga, atrás debe quedar la falta de auditorías para las facturas, porque reiteran los gerentes que estas cuentas cuentan con todos los procesos de verificación y faltaría solo la voluntad del gobierno seccional para pagar esta deuda vital para empresas que luchan día a día por salvar vidas.