En el Cronista.co seguimos trabajando el tema de envejecimiento activo, basado en los textos guía suministrados por la dirección de Salud Pública de la secretaria de Salud del Tolima, a continuación hablaremos de la política nacional y suderrotero que va hasta el 2024, fecha en que deben reunirse nuevamente los expertos de cada departamento a construir el nuevo documento. 

“La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en la interrelación de seis núcleos conceptuales que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral y la organización del cuidado. 

El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia en la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte, implica dimensiones tanto biológicas, psicológicas y sociales como económicas, políticas, culturales y espirituales. 

Y aunque muchos creen que la política de envejecimiento no está ligada con los demás grupos etáreos, debemos manifestar que “las consecuencias del rápido envejecimiento de las sociedades en los países en desarrollo se manifiestan en cambios estructurales, tales como las modificaciones en la composición familiar, en los patrones de trabajo, en la migración de los jóvenes a la ciudad, en la profundización de los procesos de urbanización, en el mayor ingreso de las personas al mercado laboral y en la mayor sobrevivencia de las mujeres a edades avanzadas. 

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Debemos entonces comprender que el envejecimiento individual es un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades oportunidades y fortalezas humanas. “Tanto el estudio de las vidas individuales como el de los cambios sociales debe verse como una interrelación constante del tiempo vital, el tiempo definido socialmente y el tiempo histórico” (Neugarten, 1999). 

Las personas adultas mayores, desde un punto de vista social, son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Para el caso colombiano, las personas adultas mayores constituyen sujetos de especial protección constitucional tal como lo ha precisado la Corte Constitucional, de ésta condición deriva el grueso de las obligaciones públicas para con este colectivo y para con las personas que envejecen. 

Desde el punto de vista cronológico tradicional se consideran personas adultas mayores a mujeres y hombres con edades de 60 años o más. Por representaciones propias del contexto colombiano se incluyen en este colectivo a mayores de 50 años, por razones de discapacidad o por ser integrantes de pueblos indígenas. El primer límite de edad es reconocido y usado como estándar por la Organización de Naciones Unidas, al referirse a las personas de avanzada edad, y el segundo de acuerdo con lo establecido por la Ley 100 de 1993, artículo 257, parágrafo 2. 

De manera complementaria a la tesis del envejecimiento humano como proceso de construcción social y producción de envejecimiento de las sociedades, se integra el enfoque de curso de vida según el cual las relaciones entre los eventos históricos, los cambios económicos, sociales, culturales y demográficos configuran las vidas individuales, familiares y las generaciones o cohortes. 

El curso de vida como proceso multidimensional y multidireccional ocurre a lo largo de la vida que construyen los individuos y las generaciones a través de trayectorias, eventos cruciales y transiciones, en relación con las oportunidades y riesgos del contexto socio-económico y en interacción con el entorno cultural. El curso de la vida es visto como una secuencia de edades estructuradas, socialmente definidas, que interactúan y fluctúan en un tiempo histórico y un lugar determinados. 

En Colombia, las principales desigualdades sociales en la vejez se manifiestan en términos de ingresos económicos, seguridad social en pensiones, educación y género. En América Latina, Colombia tiene el más alto porcentaje de personas mayores de 60 años que carecen de ingresos: 42 % de las mujeres y un poco más del 25 % de los hombres (CEPAL, 2012). Simultáneamente, es uno de los países en los que hay menor cubrimiento de la seguridad social en pensiones: menos del 40 % de quienes trabajan están cotizando a la seguridad social en pensiones; y, solo cerca del 25 % de las personas adultas mayores recibe algún tipo de pensión, resaltando que más del 70 % de las personas pensionadas reciben una pensión que no supera los dos salarios mínimos mensuales. Al año 2010, el 27% de los hombres y el 19% de las mujeres, mayores de 59 años, tienen como principal fuente de ingreso a las pensiones (Dulcey, 2013). 

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Respecto a educación, las generaciones que actualmente han vivido más han acumulado mayores desigualdades, traducidas en superiores índices de analfabetismo (20%) y menores niveles formales de educación. Tales índices varían desventajosamente, entre mayor edad tienen las personas adultas mayores, sobre todo en el caso de las mujeres mayores (Dulcey, 2013). Y con relación al género, los diferenciales entre hombres y mujeres mostrados respecto a ingresos, cobertura de pensiones y educación evidencian las situaciones de desigualdad en que se encuentran las mujeres, desigualdad aún más amplia para las mujeres adultas mayores, quienes además constituyen la mayoría, con un incremento continúo, dentro de este colectivo. Lo anterior confirma la conclusión de Arber y Sinn (1996) según la cual “las relaciones de género estructuran la totalidad del transcurso vital y las desigualdades de género se acumulan desventajosamente en la vejez de las mujeres”.

En particular, mediante el enfoque de género es factible identificar, visibilizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en injusticia, subordinación y discriminación hacia las mujeres dentro de la organización de la sociedad. Esto se concreta en condiciones de vida inferiores de las mujeres en relación con las de los hombres (FAO, 2013). 

También resulta imprescindible reconocer la producción de desigualdades sociales derivadas del conflicto armado colombiano, por un periodo histórico superior a 50 años. El conflicto armado ha conducido a la victimización de miles de colombianos y colombianas, provocando trastornos en los procesos de envejecimiento de las personas víctimas, en tanto les ha impuesto daños derivados de diferentes hechos victimizantes, ruptura de proyectos de vida, afectaciones emocionales y psicológicas, etc. Debe reconocerse, entonces, que el conflicto armado hace parte del contexto actual de Colombia y su que incidencia ha transformado aspectos estructurales, económicos, políticos, sociales y culturales de las comunidades, demandando en consecuencia ajustes institucionales que respondan a las necesidades particulares de las personas víctimas en su proceso de envejecimiento y en el momento de la vejez. En este orden de ideas, son las personas víctimas del conflicto armado, y dentro de ellas, las personas adultas mayores, uno de los colectivos más vulnerables, constituyéndose la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez en una de las herramientas de planeación y gestión que contribuyen a la solución de sus problemáticas específicas.