Por presunta violación de los principios que regulan la administración pública, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de las señoras Diana Haidy Castro Roa y Doris Caviedes Rubiano, en sus calidades de concejala y secretaria general del Concejo de Ibagué para la época de los hechos.

El organismo de control investiga la conducta de la señora Castro Roa, quien pudo incurrir en una presunta irregularidad en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus deberes al haber percibido honorarios por concepto de pago de la sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2012, a pesar de que al parecer no permaneció hasta el final de la sesión donde se discutieron y aprobaron dos proyectos de acuerdo.

En el caso de la señora Caviedes Rubiano, quien fungía como secretaria del Concejo de la capital tolimense, se le reprocha por presuntamente haber autorizado el pago de honorarios y certificar la asistencia de la concejala a dicha sesión de la corporación municipal.

Para la Procuraduría, las investigadas posiblemente no se comportaron con estricto apego a las normas contenidas en el ordenamiento jurídico para no infringir el régimen de prohibiciones establecidas en la Ley disciplinaria.

Enfatizó en que “(…) con dicho comportamiento se pudo haber lesionado el interés jurídico disciplinario, esto es, la buena marcha de la gestión pública y el cumplimiento de los fines del Estado, específicamente garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la constitucional”.

En este sentido, la Procuraduría Regional de Tolima calificó la posible falta de las disciplinadas como grave a título de culpa.

En el mismo auto, el ente de control dispuso que no existía mérito para formular cargos en contra del señor Ernesto Ortiz Aguilar,  también exconcejal del municipio de Ibagué, por lo que se ordenó la terminación de la investigación disciplinaria y, en consecuencia, el archivo definitivo del proceso adelantado en su contra.