Un juez de la república impuso 9 años de cárcel al ex juez Octavo de Garantías de esta de Ibagué, Jorge Enrique Páez García, por el delito de concusión en el 2013.

La decisión se dio luego de determinarse su responsabilidad en la ejecución del delito, a través de la  fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué.

Igualmente se  logró demostrar la culpabilidad del procesado, quien, aprovechando su cargo para la época, constriñendo  a varios de sus empleados para que adquirieran  préstamos para él a sus nombres, y de no hacerlo, los amenazaba con retirarlos del cargo.

Páez García al conocer de una orden de captura en su contra, renunció al cargo ante el Consejo Seccional de la Judicatura y  salió huyendo en el 2015, hacia los Estados Unidos, dónde pensaba radicarse.

Una de las afectadas fue una mujer que en su momento se desempeñaba como oficial mayor del despacho, la cual ante la negativa de hacer un préstamo por $10.000.000, fue sacada de su trabajo.

El  condenado quedó inhabilitado para desempeñar cargos públicos y deberá pagar además una multa de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión fue apelada por la defensa.

Esta decisión es en primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.

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Hechos de corrupción

Ante las denuncias, Páez en una oportunidad fue grabado cuando le decía a una empleada de su despacho que, si no sacaba un préstamo a favor de él, perdería el empleo.

Al parecer, el ex Juez Octavo Penal de Ibagué exigía préstamos de dinero a cambio de puestos de trabajo.

Cuando el togado le hacía la exigencia a su empleada, también le recordaba que él le había dado el trabajo, por lo tanto, debía ser solidaria.

Fue entonces cuando la mujer le confesó a su jefe que tiene grabada la conversación.

Pero el caso de esta mujer no fue el único, en el 2008, un hombre que trabajó como oficial mayor del juez Páez García presuntamente vio embargado su patrimonio, luego de servirle como fiador para un préstamo de 20 millones de pesos.  

Jorge Enrique Páez García además fue denunciado ante el Consejo Seccional de la Judicatura, por otorgar libertades sospechosas a acusados de delitos graves, poniendo en tela de juicio su proceder y reputación como juez de la república.